El pasado 17 de octubre, el Consejo de Ministros anunció su Plan Especial de Seguridad Vial, en el que, entre otros aspectos, se fomentan las medidas educativas y se endurecen las penas para los conductores ebrios. Desde la Fundación Alcohol y Sociedad aplaudimos esta iniciativa gubernamental. Desde siempre, hemos defendido la tolerancia cero en la combinación alcohol y conducción, y hemos apostado por la necesaria implicación de toda la sociedad (jueces, fiscales, padres, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y legisladores) en la lucha contra este problema.
Pero, en la lectura de este paquete de medidas, me ha asaltado una duda: ¿se ha previsto de algún modo dotar de más medios económicos y humanos a quienes tienen que ocuparse de aplicar este paquete de medidas? De nada nos sirve establecer medidas si en ciudades como Madrid, con tres millones de habitantes, sólo se disponen, por falta de medios (o voluntad política), de dos dispositivos de alcoholemia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de noviembre de 2003