Podrá resultar sorprendente, si fuera cierto, que la parcialidad justiciera de los "nacionales" -que se levantaron en julio de 1936 contra un poder democráticamente establecido-, deviniera en un tratamiento paritario, desde 1939, a todos los españoles muertos en los tres años de guerra. Pero, mientras que los triunfadores tuvieron 40 años para enterrar y respetar a sus muertos, muchísimos de los derrotados tuvieron que sufrir una posguerra de ejecuciones sumarias, de cárceles, de desposeimiento de sus derechos ciudadanos.
En ese sentido, parece incomprensible las cínicas y maniqueas declaraciones de algunos nostálgicos de la dictadura al pretender contrarrestar la retrasada política por la que los descendientes de los derrotados en la incivil contienda están recuperando su memoria y vienen enterrando, a trancas y barrancas, lo que queda físicamente de sus muertos dispersados en fosas anónimas.
Si la transición transcurrió sin vindicaciones lógicas dentro de una generosa amnesia hacia los directos responsables del alzamiento; al menos resarcir a los vencidos en algo tan elemental como poder reconocer y sepultar a sus muertos. Restañar las heridas del fratricida enfrentamiento entre españoles no se resolverá si no se devuelve a los asesinados, de uno y otro bando, el derecho a que sus restos, identificados, descansen en una tierra de paz definitiva (?).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de noviembre de 2003