La elección de un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo dividirá hoy a los dos sectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mayoría conservadora considera que la vacante dejada por la jubilación de José Antonio Marañón, de perfil conservador, requiere sustituirle con un magistrado de la misma tendencia, mientras que los progresistas defienden que, por encima de adscripciones ideológicas, Alberto Jorge Barreiro es el penalista más prestigioso de los que concurren, dato que reconocen en privado vocales de la mayoría conservadora.
La Comisión de Calificación del Consejo ha propuesto al pleno de hoy, de entre quienes solicitan la plaza, a Francisco Monterde, ex vocal del anterior CGPJ a propuesta del PP; a Juan Ramón Berdugo, magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba, y a Alberto Jorge Barreiro, que ha desempeñado de forma ininterrumpida durante 25 años la jurisdicción penal, los últimos 14 en la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección Penal 15ª preside desde 2000. La importancia de la Sala Penal del Supremo, cúpula de la relevante jurisdicción penal y encargada de enjuiciar a los aforados a nivel estatal, provoca una particular atención hacia su composición.
Por otra parte, el Ministerio de Justicia convocó ayer, informa J. M. Lázaro, las 22 plazas de fiscales jefes de Audiencias Provinciales que quedaron pendientes de renovar antes del verano, cuando se removió al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y al fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, pero no sacó la del Tribunal Superior de Galicia, cuyo jefe, Ramón García Malvar y Mariño, tiene que acabar de cumplir una sanción por falta muy grave antes de su jubilación, el 31 de diciembre.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de noviembre de 2003