La crisis en Sri Lanka se profundizó ayer aún más con la declaración del estado de emergencia por parte de la presidenta, Chandrika Kumaratunga. La medida implica un mayor poder para la presidenta y para los militares, que ahora tienen autoridad para detener a sospechosos, encarcelarlos por más de un año sin cargos o impedir reuniones públicas. El estado de emergencia es la última medida que ha tomado Kumaratunga, que ya ha suspendido el Parlamento y ha destituido a los ministros de Defensa, Interior e Información el martes pasado.
La presidenta mantiene un pulso con el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, al que acusa de conceder demasiado en el proceso de paz que lleva adelante con la guerrilla secesionista de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil. Este conflicto ha marcado la vida de los 19 millones de habitantes de la isla, al sureste de India. Más de 64.000 personas han muerto desde que los Tigres Tamiles iniciaran en la segunda mitad de los años setenta su lucha por la independencia de la zona norte de Sri Lanka, de mayoría población tamil.
EE UU y Reino Unido se mostraron ayer preocupados por la posibilidad de que se rompan las negociaciones -avanzadas en torno a la creación de una autonomía en la zona tamil- y el alto el fuego que rige desde febrero de 2002. "Estados Unidos apoya con fuerza el proceso de paz", afirmó ayer la Casa Blanca, mientras que Londres advirtió de que "no se debe permitir que los recientes acontecimientos perjudiquen ese proceso".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de noviembre de 2003