Estaba indeciso sobre mi voto del próximo 16-N, pero después de conocer la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona sobre el accidente de Enrique Pociños Ferrera, me atrevo a sugerir un criterio que creo, además, universalizable: votaré a aquella fuerza política que adquiera frente a la ciudadanía el compromiso firme -i de debò- de hacer todo lo posible para que jueces y magistrados tengan que pasar un examen de mínimos sobre asuntos sociales, además de recomendar la visita anual a algún barrio con predominio de ciudadanos obreros.
Al leer que todo un señor presidente de Audiencia ha afirmado sin titubeos que cuando un trabajador acepta un trabajo acepta los riesgos que comporta, uno no sabe si llorar, apagar la luz o lanzar 15.000 gritos de rabia e impotencia al aire y al ágora pública ¿De verdad que personas así dictan justicia normalmente? ¿Qué hacemos? ¿Nos exiliamos? ¿Hemos olvidado acaso aquello del yo y las durísimas circunstancias que impiden a muchos trabajadores, sean cuales sean sus condiciones, decir no a contratos injustos, inhumanos e ilegales?-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de noviembre de 2003