Jueces, abogados y responsables de la Administración del Estado y la Autonómica se reunieron ayer para abordar la Ley Reguladora de la orden de Protección de la víctimas de la violencia doméstica que entró recientemente en vigor. Dos cosas quedaron claras.Una, que el redactado de la misma induce a interpretaciones muy dispares que se pueden trasladar en una manifiesta ineficacia de la misma (defendiendo la norma prácticamente tal cual es estuvo Pedro Castellano, presidente de la Audiencia de Valencia, y cuestionando mucho de la misma el magistrado titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia). La otra, que no existen estadísticas que puedan servir a una mayor eficiencia de la aplicación de la norma. El decano de los jueces de Valencia, José Luis Gómez-Moreno, cifró en algo menos de 2.000 los casos recogidos en el registro VIDA en los dos últimos años (sin informatizar por la consejería de Justicia a pesar de reiterados compromisos) de la Comunidad Valenciana, cuando sólo la fiscalía de Valencia tiene más de 4.000.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de noviembre de 2003