La UPV abonó complementos de productividad a su profesorado en el año 2001 por importe de 5,5 millones de euros sin tener financiación ni autorización para ello. Ésta es una de las conclusiones recogidas en el informe de fiscalización relativo a ese año que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado a la universidad pública. El informe reaviva de nuevo la polémica abierta hace unos meses entre Educación y la UPV a cuenta del pago por ésta de pluses al profesorado, lo que le ha generado un déficit acumulado de 8,2 millones.
El Consejo Social de la UPV aprobó en 2000 un sistema individualizado de incentivos para los profesores por méritos en la docencia, la investigación y el ejercicio de cargos. La universidad pública abonó por este concepto un total de 8,4 millones de euros en 2001, cuando el crédito disponible para ello sólo ascendía a tres millones, debido a que la prórroga presupuestaria que vivía el Gobierno entonces le impedía ampliar las subvenciones a la institución universitaria. El desajuste financiero entre lo que pagó la UPV y el remanente que tenía es la causa del déficit que arrastra desde entonces, según constata el tribunal.
Desde septiembre del año pasado hasta ahora, el departamento y la Universidad no han dejado de polemizar por el pago de esos pluses. Según la consejería, los incentivos se pagaron sin su autorización.
Obligación de pagar
En sus alegaciones al informe del Tribunal, los responsables universitarios explican que los complementos han sido aprobados por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la UPV atendiendo a exigencias docentes e investigadoras previstas en la ley. "Estos pluses", añade la Universidad en su escrito de justificación, "no adolecen de ilegalidad alguna y además los servicios administrativos de la institución no tienen competencia para decidir sobre el pago de los mismos". La universidad concluye que mientras los incentivos no se anulen debe pagarlos pues, en caso contrario, cometería una ilegalidad.
También considera un incumplimiento el tribunal el abono de complementos y equiparaciones retributivas, al margen del decreto de retribuciones, por 5,4 millones y la contratación de personal colaborador para trabajos de investigación sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y sin existencia de contrato que regule esta relación.
El órgano auditor reconoce que la actividad económica de la UPV se vio condicionada en 2001 "de manera definitiva" por la prórroga presupuestaria. "La Universidad no dispuso de los recursos suficientes para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas", dice el informe.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de noviembre de 2003