La Caixa, que como el resto de cajas ha acogido con inquietud el refuerzo de la capacidad supervisora que la Generalitat, se autootorga en un nuevo decreto sobre el dinero destinado a la obra social de estas entidades, planteó el jueves pasado en su ejecutiva una decisión tan poco frecuente como es la de impugnar la medida del Gobierno catalán si éste no se echa atrás, según fuentes de la entidad.
El motivo de disgusto no reside tanto en el hecho de que la Generalitat haya decidido crear una comisión mixta con cinco representantes de la Federación Catalana de Cajas y cinco de la propia Administración para una planificación conjunta de la obra social, como en el voto de calidad que, en caso de empate, se atribuyó en el texto definitivo del decreto el consejero de Economía y Finanzas, Francesc Homs. Cuando fue aprobado el decreto, el pasado martes, Homs rechazó que esta capacidad para inclinar la balanza supusiera una "injerencia" en la actuación de las cajas, y replicó que el paso "refuerza la colaboración y la transparencia" con las entidades, que en 2002 destinaron a obra social 1.070 millones de euros.
Fuentes del sector aseguran que la estrategia del presidente de La Caixa, Ricard Fornesa, pasa por movilizar a la Federación Catalana de Cajas para que el rechazo y la presión contra la iniciativa de la Generalitat sea un frente común. Pero la iniciativa topa con un doble problema: por una parte, dificultades de "carácter técnico", y, por la otra, el "pesimismo" que ha tanteado entre las cajas más pequeñas. Aunque las mismas fuentes subrayan que La Caixa está dispuesta a actuar en solitario, preguntada al respecto, la entidad rechazó ayer esta vía.
Nuevo modelo
Hasta ahora, en Cataluña, las cajas eran libres de destinar los recursos para obra social a las actividades que quisieran, aunque existe un convenio con la Administración en virtud del cual ésta ofrece un abanico de proyectos en sanidad y cultura entre los que las entidades escogen los que más sintonicen con los suyos, en una "entente" que afecta al 8% de los recursos destinados a esta partida.
El pasado viernes, al día siguiente de la reunión de la ejecutiva de La Caixa, la Convención de Obra Social que la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) organizó en Barcelona difundió un comunicado en el que se expresaba la "inquietud por que puedan prosperar iniciativas legales que tengan como finalidad recortar una independencia apoyada por la propia sociedad". Sin citar el decreto catalán, las cajas españolas subrayaron que el interés público por su actividad social "no significa que las decisiones de su inversión deban dirigirse desde el sector público". Esta medida ha aterrizado sobre un sector ya crispado por la obligatoriedad de crear una comisión de inversiones y otra de retribuciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de noviembre de 2003