Los sindicatos UGT y CC OO consideran que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está intentando crear un holding de empresas públicas sanitarias paralelo al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así lo denunciaron ayer los responsables de las federaciones de Sanidad de los dos sindicatos, que comparecieron en una rueda de prensa en el hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) para dar a conocer su oposición frontal al decreto que pretende aprobar la Junta en el que encomienda la gestión del hospital de Montilla (Córdoba) a la empresa pública Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
Mari Ángeles Pino, secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, mostró las "dudas jurídicas" de su sindicato hacia el proyecto de decreto que les ha trasladado la Junta. Así, tras recordar que la ley que reguló la creación de la empresa pública Alto Guadalquivir sólo encomendaba la gestión al hospital de Andújar y a sus centros periféricos, Pino entiende que ahora se pretende "cambiar sustancialmente el objeto" de la Ley 11/1999, de 30 de noviembre, al adscribir también al centro sanitario iliturgitano el hospital cordobés de Montilla, que los sindicatos creen que no puede considerarse un centro periférico de especialidades. Además, rechazan la cláusula del decreto que deja la puerta abierta para la integración en la misma empresa del hospital de Andújar a otros "centros sanitarios que en su caso se determine".
Los dos sindicatos mayoritarios en Andalucía han mostrado su oposición a este tipo de fórmulas de gestión para los hospitales andaluces que, hasta el momento, se están extendiendo en los hospitales de la Costa del Sol, el Poniente almeriense y Andújar, además de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).
"El problema es que tenemos un mismo patrón [la Junta] y los mismos destinatarios [los usuarios], pero los trabajadores tienen condiciones laborales distintas a los del SAS", explicó Mari Ángeles del Pino, quien puso como ejemplo que los empleados de las empresas públicas no tienen derecho a la movilidad laboral. Esta discriminación laboral afecta a más de 3.000 trabajadores de las empresas públicas sanitarias, frente a los 85.000 empleados que tiene el SAS.
Los sindicatos piden a la Junta la retirada del decreto polémico y que la gestión del hospital de Montilla se realice de forma directa por el SAS, bien con gestión directa o bajo alguno de los hospitales de la provincia de Córdoba, como podría ser el Infanta Margarita de Cabra, "que por su proximidad geográfica (sólo 28 kilómetros) sería una buena alternativa", indican.
UGT mostró también su preocupación por las "similitudes entre las nuevas formas de gestión que se vienen implantando en la sanidad pública andaluza y las que promueve el Gobierno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de noviembre de 2003