El Gobierno catalán ha decidido abrir 11 expedientes sancionadores contra ocho empresas de telefonía fija y móvil por haber cometido "faltas graves o muy graves que atentan contra las necesidades de los consumidores", después de casi un año de rastreo de los contratos y facturas de miles de usuarios en Cataluña. A tenor de la gravedad de las infracciones, las sanciones rondarán los 1,4 millones de euros. La Generalitat muestra inquietud por los costes que la Administración soporta ante la "dejación de responsabilidades" de los operadores en su atención a las reclamaciones.
La Generalitat, que tiene previsto anunciar hoy, a cinco días de las elecciones, las contundentes conclusiones de su investigación, no facilitará los nombres de los grupos multados porque, en principio, sólo en dos casos la sanción incluye publicitar la identidad de las empresas y porque está a la espera de lo que decida el juez tras los recursos que puedan presentar las empresas afectadas.
Sin embargo, entre éstas se encuentran los grandes del sector, empezando por Telefónica y Auna e incluyendo las tres empresas de telefonía móvil que operan en España (Vodafone, Amena y Telefónica Móviles). La apertura de expedientes ya ha sido comunicada a los operadores.
Las faltas graves están penalizadas con el pago de entre 3.000 y 30.000 euros. Las muy graves oscilan entre 30.000 y 600.000 euros. Del modo en el que se reparten las faltas cometidas, la propuesta de sanción global ascendería a cerca de 1,4 millones de euros.
Las telecomunicaciones se han convertido en el sector que copa más reclamaciones (el 35% del total, seguido de la vivienda). Y tras la explosión lógica que siguió al inicio de la liberalización del mercado, el alud no parece detenerse.
Sólo entre junio y octubre de este mismo año, las reclamaciones admitidas en la Junta Arbitral de Consumo han aumentado el 100%, al pasar de 884 a 1.834 en apenas cuatro meses.
Este aumento está teniendo su impacto en los costes de la Administración. El director general de Consumo, Josep Tous, ha expresado más de una vez la inquietud de la Administración por los costes crecientes que ésta acaba soportando ante lo que cree una "dejación de responsabilidades en materia de reclamación en persona" por parte de los operadores.
Los problemas detectados son muy variados: desde cláusulas abusivas en los contratos hasta anuncios de precios un mil por mil inferiores a los reales, pasando por sistemas fraudulentos de preasignación en que se ha llegado a falsificar firmas y a tomar nota del número de cuenta de clientes que no necesariamente han aceptado la oferta que se les muestra.
En concreto, en el caso de la telefonía móvil (en Cataluña hay tres millones de usuarios), la Dirección General de Consumo realizó un análisis de prácticas contrarias al usuario a partir de 2.500 llamadas. "Todas las facturas eran por un minuto entero, pero el 58% duraron menos de un minuto. De media, duraron 27 segundos", explica Tous, quien concluye que "cobrar un minuto encarece entre el 12% y el 18% la factura del móvil". Por otra parte, casi el 4% de las llamadas se cortan por causas que no son imputables al usuario.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de noviembre de 2003