"Podíamos haber desestimado todas". Con estas palabras, el rector de la Jaume I, Francisco Toledo, volvía a arremeter ayer contra el informe de objeciones del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) sobre el proyecto de estatutos, tras su adaptación a la Ley Orgánica de Universidades (LOU). La universidad castellonense sólo ha aceptado una enmienda de fondo, que facilita la convocatoria extraordinaria de elecciones a rector.
El rector criticó duramente el informe remitido por la Generalitat a instancias del CJC al considerar que se extralimitaba de sus funciones. Toledo habló ayer del "ejercicio de responsabilidad" del claustro, al aceptar 33 de las 37 objeciones referidas a cuestiones de forma, según ha entendido el claustro.
La única enmienda admitida que entra en el "fondo" se refiere al proceso de convocatoria extraordinaria de elecciones a rector, que en la versión inicial exigía que contara con el apoyo de, al menos, un tercio de los miembros del claustro de los que, al menos, la mitad habían de ser profesores funcionarios y doctores. Con la admisión de la enmienda se ha suprimido la cuota de funcionarios aunque, según precisó Francisco Toledo, "se ha aceptado no por considerar que es contraria a la legislación vigente, sino para propiciar un mayor consenso claustral".
La Generalitat remitió 63 objeciones al proyecto de reforma de estatutos de la Jaume I de las que cinco correspondían a aspectos relacionados con la lengua o la denominación del territorio, 11 a aspectos referentes a la reserva estatutaria y 10 a cuestiones relacionadas con la autonomía universitaria. Estas 26 son las objeciones consideradas de fondo, mientras que el resto se refería a observaciones terminológicas o aspectos regulados en otras normas que "igualmente serían de aplicación". Pese a que ayer el claustro aceptó 33 de las enmiendas "de forma", Toledo quiso reiterar que "en su mayoría, no debían haber sido planteadas por el Consejo Jurídico Consultivo".
Además de las propuestas de la Generalitat, el claustro votó a favor de dos enmiendas planteadas por la comisión técnico jurídica que sí hacen referencia a una cuestión de legalidad: la primera al artículo 106 sobre la presidencia de la comisión de reclamaciones y la segunda, al artículo 97.3 sobre la reubicación de la designación de la parte social de la mesa negociadora.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de noviembre de 2003