El número de empresas afectadas por expedientes de quiebra o suspensión de pagos desde enero a septiembre en la Comunidad Valenciana creció un 31,7% con respecto al mismo periodo del pasado año, según datos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Frente a las 2.363 de 2002 se tramitaron 3.318 empresas hasta el tercer trimestre de este año. Tanto patronal como sindicatos exigieron ayer más ayudas.
La situación económica de recesión que vive el panorama mundial, sumado a la crisis de Alemania y a la incertidumbre creada a principio de año por el inicio de la segunda Guerra de Irak, son algunas de las explicaciones ofrecidas para justificar el incremento en un 31,7% del número de empresas declaradas en quiebra en la Comunidad Valenciana por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) entre enero y septiembre. El Fogasa tramitó en este periodo de tiempo expedientes de 3.318 empresas, frente a los informes de 2.363 mercantiles tramitados en 2002.
El número de personas afectadas por el cierre o la regulación de empleo de estas empresas también ha crecido en un 25,5% con respecto al año pasado. El Fogasa ha incluido a 9.055 personas en sus sistema de ayuda en la tramitación de sueldos impagados y de indemnizaciones satisfechas. El pasado año, hasta septiembre, fueron 7.169 las personas acogidas por este ente dependiente del Ministerio de Trabajo.
El porcentaje de dinero destinado a los trabajadores también ha crecido de manera proporcional al aumento del número de empresas afectadas por la situación de quiebra. La cantidad utilizada por el Fogasa hasta septiembre del pasado año superó los 19,85 millones de euros, mientras que este año ya se han destinado 26,8 al pago de indemnizaciones de trabajadores desamparados tras el cierre de empresas.
El sindicato CC OO, que ha participado en los expedientes de 3.695 trabajadores, exigió ayer una "mayor colaboración del Gobierno en las medidas que los sindicatos y la patronal articulen para superar los problemas estructurales que nos abocan a esta situación", indicó el delegado de Acción Sindical, Juan Pedro García.
Desde su punto de vista es necesario articular medidas de apoyo a los sectores y empresas afectados por estos problemas de pérdida de competitividad, especialmente por la apertura de fronteras de países del tercer mundo, y establecer apoyos para acabar con "el monocultivo empresarial de comarcas como el Vinalopó, L'Horta o La Plana de Castellón, ligadas a un único sector empresarial" y cuya crisis afecta a toda la estructura social de la zona. La Administración debe apoyar la investigación, la formación de trabajadores y el apoyo de la pequeña y mediana empresa, apostilló.
Conversión en el calzado
El presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Calzado, Antonio Galiana, reclamó de la Administración "más apoyo en la búsqueda de los nuevos mercados que exige el momento bajo el que vive el sector". Galiana apuntó que una España con mayores salarios impide comercializar en la banda más barata de producción, como venía haciendo hasta ahora. Este cambio obliga a crear productos de mayor calidad e invertir en la distribución. "En nuevas tecnologías y en la presencia de la marca España en ferias es donde necesitamos más ayuda", explicó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de noviembre de 2003