La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha informado a favor de la admisión a trámite del recurso de la Diputación Foral de Álava contra el plan Ibarretxe, bajo el que, según el fiscal, "se oculta un verdadero objetivo de desbordamiento del sistema constitucional y de ruptura con la legitimidad estatutaria". El fiscal asegura que la propuesta del Gobierno vasco entra de lleno en el ámbito de fiscalización de los tribunales.
El escrito del Ministerio Fiscal responde a la petición de un informe por parte de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior vasco "sobre la posible falta de jurisdicción de la Sala por venir referido el recurso a una iniciativa legislativa del Gobierno vasco". El fiscal entiende que el Tribunal Superior debe declarar la jurisdicción del orden contencioso-administrativo para fiscalizar el plan Ibarretxe, el cual "vulnera flagrantemente" los principios constitucionales.
El pasado 28 de octubre, la Diputación de Álava recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el "acto administrativo" por el que el Gobierno de Vitoria aprobó la "propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi", más conocida como plan Ibarretxe, y su remisión al Parlamento autónomo para su tramitación parlamentaria.
La Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi es, según el fiscal, "la más genuina expresión de una estrategia jurídica de camuflaje". La propuesta "va mucho más allá" de la reforma del actual Estatuto de Autonomía -que es para lo que está legalmente facultado- y se adentra "en la reforma de la Constitución Española, cuya vigencia se pretende fragmentar territorialmente, propugnando su arbitraria inaplicación a una parte del territorio español".
Al margen del significado político que pretenda atribuírsele, la propuesta "no supera el más elemental test de razonabilidad, entrando por ello de lleno en el ámbito de fiscalización que nuestras leyes confieren al orden contencioso-administrativo", señala el escrito.
Actos políticos
La fiscalía asegura que con la anterior Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se venía considerando que los "actos políticos" del Gobierno quedaban excluidos de la fiscalización judicial y eran inmunes a su impugnación en el orden contencioso. Eso no quería decir que los actos políticos se hallasen al margen del derecho ni que la Administración pudiera adoptar acuerdos ilegales en la seguridad de que nunca podrían ser impugnados ante los tribunales.
Sin embargo, en la nueva ley de la Jurisdicción Contenciosa no hay ninguna norma de cobertura del "acto político", lo que ha hecho posible una nueva extensión de la jurisdicción y la posibilidad de control, ya no sólo del "acto administrativo" sino a partir de la "actuación administrativa".
Según esta nueva concepción, avalada por varias sentencias del Tribunal Supremo que se citan en el informe, el "acuerdo del Consejo de Gobierno vasco" por el que se aprobó el plan Ibarretxe "entra de lleno en el ámbito de fiscalización" de la jurisdicción contenciosa.
La fiscalía añade que los tribunales de justicia no pueden fiscalizar el qué, el cuándo o el porqué de una iniciativa política de reforma estatutaria, pero sí el cómo. Y la jurisprudencia posconstitucional ya afirmó la competencia de los tribunales para examinar elementos de todo acto de decisión política en sentencias como la de la desclasificación de los papeles del Cesid.
El fiscal insiste en que no puede quedar al margen del control jurisdiccional "tan flagrante vulneración" de los principios constitucionales en el plan Ibarretxe, cuyos epígrafes sobre Los Poderes de la Comunidad de Euskadi y Del ejercicio del poder público en Euskadi constituyen "una verdadera reforma constitucional que el Gobierno vasco pretende imponer haciendo uso fraudulento de sus facultades legales y apartándose de forma deliberada del procedimiento."
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de noviembre de 2003