La inmigración clandestina que llega de forma creciente a nuestros aeropuertos y costas es un fenómeno que va asociado con frecuencia a una enorme tragedia humana o a una multitud de tragedias familiares y personales. Así lo evidencian hechos terribles como el naufragio de una patera en la bahía de Cádiz, la mayor catástrofe de la inmigración clandestina en España, en la que ya se han encontrado 36 cadáveres. Hay dudas sobre la capacidad de las autoridades españolas para controlar este flujo migratorio que llega bajo la presión imparable de la pobreza y el subdesarrolllo. Pero, a la vista de este accidente, hay más dudas todavía sobre su capacidad para garantizar que el control de la inmigración esté acompañado de las medidas necesarias para socorrer a las personas en peligro, mortal en el caso de esta patera azotada por enormes olas y vientos en su travesía del Estrecho.
Con los datos conocidos, tienen sentido las declaraciones de Rafael Lara, de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía: "Sabemos que no se hizo todo lo posible para rescatarlos con vida". Las informaciones que dan cuenta de las discusiones burocráticas sobre a quién correspondía el salvamento, la falta de embarcaciones y efectivos disponibles para efectuarlo de inmediato y la consiguiente tardanza en emprenderlo son estremecedoras. Está claro que un carguero, el Focs Tenerife, cumplió con la vieja ley del mar al alertar en dos ocasiones sobre el peligro que corría la patera, y que los funcionarios de la Guardia Civil y de Sasemar sintieron el básico impulso de socorrer a los necesitados. Pero chocaron con la ausencia de una política clara y con una escalofriante falta de medios materiales.
Este siniestro pone en evidencia la escasez de medios de salvamento en el Estrecho. Quizá del lado español se hayan puesto en pie recursos, desde detección electrónica hasta fuerzas policiales, para afrontar uno de los aspectos de esa seguridad: el control de los flujos migratorios y la represión del tráfico de hachís. Pero este suceso parece indicar que se carece de criterios y medios para abordar otro aspecto de la seguridad: la de los navegantes, estén o no documentados, existan o no buenas condiciones climatológicas.
Se equivoca, sin embargo, el embajador marroquí al denunciar una supuesta campaña de prensa española para denigrar a las víctimas del naufragio. Las imágenes de los cadáveres que han mostrado los medios no son degradantes ni fomentan la xenofobia. Al contrario, subrayan la dimensión humana de esta tragedia y movilizan los impulsos de solidaridad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de noviembre de 2003