Desde agosto, se han solicitado en España 4.043 órdenes de protección por violencia doméstica, y se han dictado un millar al mes, explicó ayer Montserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del observatorio y la comisión de seguimiento para la implantación de la orden. Un 49,6%, es decir 2.005, de las órdenes solicitadas fueron de mujeres contra su cónyuge.
De las 4.043 solicitudes, 3.044 han obtenido resolución judicial. Esos casos en los que los jueces han considerado la necesidad de activar medidas de protección se han materializado en 6.399 órdenes de protección (penales y/o civiles). De ellas, 2.526 fueron órdenes de alejamiento, 1.123 fueron prohibiciones al agresor de comunicarse de cualquier forma con la víctima, 538 especificaron una prohibición al agresor de regresar al lugar donde cometió los hechos objeto de aplicación de la protección a la víctima, que habitualmente es el domicilio, y 116 se resolvieron dictando prisión provisional para el agresor. El resto, 2.096 correspondieron a la jurisdicción civil. En 709 casos, los jueces fijaron a quién o quiénes correspondía la vivienda familiar. 733 decisiones judiciales establecieron el régimen de custodia, visitas y comunicaciones con los hijos. La fijación del abono de pensiones fue determinada en 601 asuntos y en otros 53 los menores fueron específicamente protegidos ante una situación de peligro o perjuicio.
Cataluña ha sido la comunidad autónoma que mayor número de solicitudes ha registrado en estos tres meses de funcionamiento de la orden: 667. De ellas se acordaron 471, lo que supone un 71% del total. El segundo puesto en número de peticiones presentadas le corresponde a Andalucía, con 611, de las que se acordaron 498 (un 82%). Y la Comunidad de Madrid se sitúa en tercer lugar con 602 peticiones, de las que resolvió en 433 casos, un 72%. La media entre las autonomías coloca en el 75% las solicitudes que provocaron una medida de protección.
El balance que Montserrat Comas hizo ayer en Valencia, en la reunión anual de los jueces decanos de España, fue de "positivo". Indicó una cierta progresión de las denuncias "porque la víctima se siente más protegida al saber que en 72 horas obtendrá una respuesta". Comas reflexionó sobre el conjunto de medidas contra la violencia doméstica y dijo: "Hemos hecho un importante esfuerzo hacia la víctima, que tenemos que seguir haciéndolo, pero también tenemos que considerar al maltratador, su reinserción".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de noviembre de 2003