El Consejo Nacional del Agua aprobó ayer la trasposición de la Directiva Marco del Agua al derecho español. En apenas dos horas y media, este órgano consultivo del Gobierno dio luz verde a una reforma realizada por un procedimiento considerado por los grupos ecologistas y la oposición como "antidemocrático e inconstitucional".
Todas las directrices sobre el modelo europeo de gestión y los objetivos de calidad de las aguas continentales y litorales se meten con calzador en la Ley de Aguas, a la que se modifican 40 artículos mediante otras tantas enmiendas del PP aprovechando la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. El plazo para la trasposición de la directiva expira el 31 de diciembre.
La reforma quedó aprobada por 56 votos a favor, 5 abstenciones, de los expertos nombrados por el Gobierno, y 13 votos en contra, que se corresponden con las autonomías gobernadas por socialistas, Cantabria y País Vasco, tres grupos ecologistas (Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción) y el sindicato agrario UPA. Para los socialistas es "un fraude y una perversión de la legislación vigente" recurrir a la Ley de Acompañamiento para abordar la reforma, porque se elude uno de los principios de la directiva, que es la participación ciudadana, según manifestaron la secretaria federal de Medio Ambiente, Cristina Narbona y Alejandro Gil, consejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha.
La directiva ordena elaborar un diagnóstico sobre el estado de las masas de agua, la aplicación de medidas urgentes para frenar su deterioro ambiental y la fijación de objetivos de calidad que deberán alcanzarse entre los años 2004 y 2015. Las sanciones que aplique la Unión Europea por su incumplimiento serán imputadas a las administraciones responsables.
En el texto aprobado ayer no figuran esos objetivos de calidad. Según la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, se regularán mediante decretos a los que no ha puesto fecha.
Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, sostiene que la trasposición se ha hecho "de tapadillo" para eludir el debate social, mientras Adena ha identificado 31 artículos que no se adaptan a la directiva.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de noviembre de 2003