Primero me presento: no soy ni periodista profesional ni tertuliano de los medios informativos mañaneros. He pertenecido durante 35 años al Gremio de la Alimentación. De ellos, 16 como presidente en Buñol y 4 en la comarcal La Hoya de Buñol-Chiva. Cada mes nos reuníamos en Valencia los presidentes comarcales de toda la provincia para efectuar reflexión y estudio de los problemas relacionados con la alimentación. Y viene a cuento decir que la conclusión final a la que llegamos es que el día que desapareciésemos las pequeñas tiendas de barriada y las grandes superficies se apoderasen del mercado, los precios serían multiplicados, tras las eliminación de las competencias.
Les facilitó mucho en el logro de esos objetivos el que el Gobierno, a multinacionales y grandes superficies les diera ayudas y grandes subvenciones, mientras que para el pequeño comercio creaban módulos, tributos fiscales y un estrangulamiento de pagos que, unido a la competencia de los "peces gordos" se comieron al pequeño, haciéndole desaparecer.
¿Y qué es lo que ocurre? La Ley de Libre Mercado les permite fijar los precios de compra y venta. Y que ese lobo hambriento de dinero que son las multinacionales y grandes superficies sean cada vez más ricas a costa de los 40 millones de españoles que compran el producto más caro que nunca.
Pero el mal se agrava en el campesinado; esa multiplicación de precios de origen a destino empobrece al hombre de campo, llevándolo a la deserción; rompiendo la tradición familiar agrícola.
¿Existe algún tipo de solución? Si los hombres la desean y buscan, seguro que sí. Las leyes, hasta llegar a la misma controvertida Constitución, todas son mejorables. La imperfección social existente así lo determina.
¿Qué aplicación legal puede darse? Al pequeño comercio se nos aplicaron normas, leyes e inspecciones para fijar márgenes. Eran tiempos de precariedad y ahora somos más ricos y menos sensibles a la pobreza de los demás. Dejar que campee a sus anchas la especulación no es bueno. ¿Solución? Habrá que buscarla. Pero una sería la prohibición de fijar márgenes comerciales superiores al 100% entre origen y destino.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de noviembre de 2003