El Gobierno presentó ayer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de sendos acuerdos del Gobierno y de la Mesa del Parlamento vascos que supusieron el inicio de la tramitación del llamado plan Ibarretxe. El escrito del Gobierno solicita la suspensión de la tramitación del plan que promueve el lehendakari por sus "numerosas y graves violaciones de la Constitución", según afirmó ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, y reclama que sea declarado nulo. El Constitucional responderá en unos quince días.
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Michavila defendió la impugnación porque "constituye un deliberado ataque a la soberanía del pueblo español. "Ésta es la respuesta de la democracia a un plan totalitario y secesionista" frente a "quienes pretenden la quiebra de las reglas democráticas", añadió el ministro.
El escrito impugna en un único proceso tanto el acuerdo del Gobierno vasco del 25 de octubre que aprobó el plan Ibarretxe como el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Vitoria por el que se inició su tramitación. El recurso invoca los artículos 161.2 de la Constitución y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que se suspendan las resoluciones autonómicas que el Gobierno considera inconstitucionales. La suspensión se produciría desde el momento en que el escrito sea admitido a trámite por el Constitucional. El tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses, si antes no ha dictado sentencia.
El recurso, de 46 folios, se articula sobre seis ejes que demostrarían que el plan Ibarretxe vulnera más de cien veces la Constitución, y denuncia que el Gobierno vasco busca la "secesión" a través de un pretendido derecho de autodeterminación que en ningún caso "ampara que una minoría del pueblo de un Estado se arrogue el derecho a imponer cambios constitucionales a una abrumadora mayoría de ese pueblo".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de noviembre de 2003