El Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla ha aplazado sine die la imputación a los 16 miembros de la llamada Red de Apoyo, que respaldaron a los 400 inmigrantes que se encerraron en el verano de 2002 en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El Juzgado espera que una decena de inmigrantes ratifique su denuncia contra la Red de Apoyo por presuntas coacciones.
Fuentes judiciales explicaron ayer que los 16 jóvenes, que estaban citados como imputados para el próximo miércoles, están recibiendo estos días telegramas del juzgado en los que se aplaza su comparecencia. El aplazamiento se ha producido a petición del Ministerio Fiscal, quien considera que, previamente a que se les reciba declaración en calidad de imputados, deben acudir al juzgado la decena de inmigrantes que acusaron a la Red de Apoyo de presuntos delitos de coacciones por retener sus pasaportes.
Las citadas fuentes indicaron que este hecho puede retrasar el caso de forma considerable, pues la mayor parte de los inmigrantes que se encerraron en la Pablo de Olavide para reclamar su regularización en España están ilocalizables en la actualidad.
Posible archivo
El juzgado puede pedir a la policía que localice a los inmigrantes para la ratificación de las denuncias pero en caso de que los inmigrantes no acudan al juzgado en un plazo razonable la denuncia debe ser sobreseída, a juicio de la defensa de los jóvenes de la Red de Apoyo.
Esta nueva imputación a la Red de Apoyo se produjo después del archivo decretado en octubre del año pasado en cuanto a la denuncia presentada por la comisión gestora de la Universidad Pablo de Olavide por presuntos delitos de coacciones, amenazas y contra los derechos de los trabajadores por "llevar a cabo una constante labor de obstrucción en la búsqueda de una solución" al conflicto planteado tras el encierro.
Entre los nuevos imputados, según las citadas fuentes, se encuentran jóvenes españoles y Decio Machado, portavoz de la asociación de trabajadores inmigrantes ODITE, que lideró el encierro de la Olavide y otros actos de protestas llevados a cabo días antes en iglesias de la provincia de Huelva.
Unos 400 inmigrantes, que reclamaban su regularización en España, se encerraron en la Pablo de Olavide el 10 de junio de 2002 y su número fue variando hasta que los últimos doscientos fueron desalojados por la Policía el 9 de agosto en una acción de madrugada.
El pasado 5 de noviembre, con motivo de su citación para ser notificados de la denuncia, miembros de la Red de Apoyo se concentraron en los juzgados sevillanos y aseguraron que la acusación contra ellos "no tiene ninguna consistencia porque el encierro fue iniciativa de los inmigrantes en la lucha por sus derechos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de noviembre de 2003