La Consejería de Educación anunció ayer la convocatoria oficial para el 27 de noviembre de las elecciones para renovar los consejos escolares en los 1.764 centros públicos y concertados de Primaria y Secundaria, a las que están llamados a votar 1,4 millones de personas (entre profesores, padres y madres, alumnos y administrativos) que podrán elegir a un total de 15.200 consejeros. La cita electoral, no obstante, se hará sin que la Administración autonómica haya elaborado el preceptivo decreto para adaptar el reglamento orgánico de funcionamiento a los cambios a los que obliga la nueva Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE), en vigor desde diciembre de 2002.
Así, esta cita electoral -la mayor tras las elecciones municipales por el volumen del censo- estará regulada por una "resolución" del 6 de octubre (publicada el lunes pasado en el DOGV) basada prácticamente en la batería reglamentaria que se había desarrollado al respecto bajo la anterior ley orgánica socialista LOGSE. Una situación "cuestionable", según los agentes educativos, que en Cataluña forzó a la Generalitat a acelerar la elaboración de los decretos competentes antes de convocar elecciones.
El subsecretario valenciano de Educación, Máximo Caturla, negó ayer en conferencia de prensa cualquier contradicción jurídica y defendió la legalidad de "recurrir a normas autonómicas vigentes de menor rango, mientras no entren en contradicción con la ley estatal". No obstante la consejería se ha visto obligada a darle cuerpo jurídico a esta interpretación, y el 24 de octubre elaboró unas "instrucciones sobre resolución del 6 de octubre" incluyendo este matiz legal. Desde CC OO este vacío se atribuye a "la negligencia y al retraso del Gobierno valenciano en elaborar los decretos autonómicos de la LOCE".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de noviembre de 2003