El Partido Popular (PP) está dispuesto a buscar el consenso político con PSOE, CiU y PNV sobre la representación en las asambleas de los ayuntamientos e impositores de las zonas donde se han expandido las cajas. En la Comisión de Economía del Congreso, el 14 de noviembre pasado, el PP enmendó la Ley de 1985 sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) y modificó este sistema de representación estableciendo "criterios de igualdad" que CiU y PNV entendieron que vulneraban la normativa autonómica. Ambos partidos amenazaron con impugnar la ley de cajas ante el Tribunal Constitucional. Estos partidos entienden que, si se pone como criterio para establecer el número de representantes en los órganos de gobierno las oficinas que las cajas tienen fuera de su lugar de origen y no el volumen de negocio, se podría alterar la actual situación de los consejos de administración de las cajas, dando más peso al PP.
Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del PP, declaró a este periódico su intención de consensuar un texto "en donde no existan malentendidos sobre que no se quiere atacar las competencias autonómicas. Que cada autonomía regule cómo tienen que fijarse los representantes: por oficinas, por volumen de depósito, por créditos o como quieran. Lo que no puede ser es discriminatorio".
Josep Sánchez-Llibre, de CiU, afirmó que apoyarán un texto basado en criterios de objetividad y no discriminación, "pero donde la normativa autonómica no se vulnere". La solución, en el pleno del Senado que se celebrará en 15 días.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de noviembre de 2003