"El problema de Pedro es que está tan dentro de la ley que queda fuera de la realidad". Así define un compañero de carrera, que reclama el anonimato, al magistrado Pedro Martín García, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona y ponente de la sentencia que culpa al albañil Enrique Pociños del grave accidente laboral que sufrió y que le ha dejado tetrapléjico. "Lo más preocupante es que a veces se aproxima demasiado a los límites de la ley y la prueba es esta sentencia", precisa un fiscal de Barcelona.
"Su problema es que está tan dentro de la ley que queda fuera de la realidad"
Martín es un magistrado de difícil clasificación. Paternalista para algunos, legalista para muchos y hasta estrafalario para unos pocos. No en vano alardea de que hace años que no lee los diarios "para no contaminarme", un verbo que en términos jurídicos significa que pretende no dejarse influenciar en su función de juez. También ha presumido alguna vez de que su libro de cabecera es la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Martín nació en Madrid en 1946 y lleva 30 años en la carrera judicial. Empezó a ejercer en Gernika y allí fue expedientado en 1976 por defender la ikurriña. Entonces decía que trabajaba por las noches en su despacho y encendía las luces "para que los ciudadanos sepan que alguien está velando por sus derechos". Eran otras épocas porque desde hace años no celebra juicios por la tarde en Barcelona, como hacen otros jueces.
En las deliberaciones del tribunal, formado por tres magistrados, suele imponer su criterio. En alguna ocasión eso le ha valido el voto particular de un compañero por discrepar de la sentencia, pero son excepciones. El tribunal que ha dictado la sentencia del albañil lo componen otros dos jueces. Uno es Javier Arzúa Arrugaeta, que conoció a Martín en Gernika, después fueron a parar los dos a Reus, más tarde a la Audiencia de Barcelona y finalmente a la Sección Segunda. Arzúa pertenece, como Martín, a la asociación Francisco de Vitoria, situada entre la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia. Arzúa es la discreción personificada, con permanente semblante muy serio y muy lejos de la locuacidad de Martín. El otro magistrado es José Carlos Iglesias, más extrovertido, pero igualmente formalista en su manera de ejercer. La cuarta juez de la Sección Segunda es María José Magaldi, que preside el tribunal cuando falta Martín.
A cualquier profesional de la justicia que se le pregunte responderá que Martín es un juez garantista. Para la fiscalía, en exceso. Para muchos de los abogados, en su justo punto, porque ese celo siempre acaba beneficiando a las defensas. Así se explica la cena "de honor" a esos cuatro jueces que anoche celebraron en un hotel de Barcelona un grupo de letrados. [A ese hotel acudieron, para expresar su protesta por la sentencia, Pociños y su mujer, que cenaron en la misma sala que los homenajeados. En la calle, los hijos de la pareja desplegaron una pancarta de protesta].
Ese legalismo que halagan los abogados se traduce, por ejemplo, en que los jueces de la Sección Segunda sean los únicos de la Audiencia de Barcelona que en un juicio con jurado por homicidio o asesinato no acepten que el tribunal popular vea las fotos del cadáver y del lugar del crimen. También para que no se contaminen.
Martín se ha definido "como un liberal trasnochado del siglo XIX" y su apariencia lo corrobora: amante de las gafas caídas al borde de la nariz, una muy crecida pero irregular barba y abundante melena. Su nombre suena con insistencia para presidir la futura Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Las sentencias dictadas por Martín siempre han ido en la misma dirección y han servido, por ejemplo, para exculpar o beneficiar a implicados en la descapitalización de Gran Tibidabo, o a inversionistas de Bankpyme acusados de fraude fiscal. En 1997 se negó a conceder la libertad condicional a dos médicos condenados por aborto. Pero en sus 20 años de carrera en el derecho penal también ha excarcelado bajo fianza a una mujer para que cuide de sus hijos porque el marido ha quedado inválido.
"¡Que se haga el derecho y se hunda el mundo!". La frase es quizás la mejor definición de la forma de ser de este juez, aseguran fuentes de la fiscalía. Concepción Sotorra, magistrada de la Audiencia de Barcelona y portavoz de Francisco de Vitoria en Cataluña, defiende la absoluta legalidad de la polémica sentencia, aunque añade que "el tribunal podría haber sido más delicado".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de noviembre de 2003