Me dirijo a usted para comentarle lo sorprendente que puede llegar a ser la sanidad pública en los tiempos que vivimos. ¡Estamos en el siglo XXI! El día 27 de junio de 2003 me fue practicada una intervención quirúrgica para corregir una hernia de hiato. Previamente a la intervención firmé el consentimiento que libraba al cirujano de toda responsabilidad. Posteriormente apareció un dolor muy fuerte en el abdomen que nunca había tenido, y el médico de cabecera me prescribió una ecografía a principios de septiembre. La cita para la realización de la prueba es para el 13 de mayo del año 2004.
Cuando le comento al médico de cabecera lo ocurrido, hace un nuevo volante, añadiendo "preferente", para que, supuestamente, se adelantara la fecha. Y me cambiaron la fecha. ¡Para el día 18 del mismo mes! Es decir, para cinco días más tarde. Por supuesto, hubo reclamación inmediata por mi parte en la ventanilla de Atención al Paciente, donde me dicen: "Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, únicamente recogemos su reclamación y a ver qué pasa".
Por otro lado, estamos hartos de escuchar y leer en todos los medios que debemos evitar las consultas de urgencias para no saturarlas, pero las falsas promesas de acortar las listas de espera nos obligan a acudir. Yo ya soy una persona mayor. Dependo de otros para poder salir a comprar el pan. ¡Cómo no, para ir al médico e incluso a urgencias! ¿Para qué valen 49 años de cotización a la Seguridad Social como es el caso de mi marido?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de noviembre de 2003