La decisión de la juez de vigilancia penitenciaria de Castilla-La Mancha de conceder el segundo grado a Miguel Ricart, preso en la cárcel de Herrera y condenado por su participación en el secuestro, violación y asesinato de tres niñas de Alcàsser en 1992 (crimen que cometió junto a Antonio Anglés, en paradero desconocido), ha hecho saltar la polémica. El fiscal de vigilancia penitenciaria presentó el lunes recurso contra el pronunciamiento. Y ayer, la Asociación Clara Campoamor, que ejerció la acusación popular contra Ricart, anunció que también recurrirá.
Los argumentos de alarma social y peligrosidad de Ricart expuestos por el fiscal en su recurso son coincidentes con las objeciones de la acusación popular. "Miguel Ricart, tal como recogió en su sentencia la Audiencia Provincial de Valencia y después el Tribunal Supremo, es frío, calculador y muy peligroso. ¿Qué garantías tenemos de que no vuelva a hacer lo que ya hizo?", se preguntó ayer Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor. Ruiz afirmó que Ricart, si bien ha cumplido una tercera parte del tiempo máximo -fue condenado a 170 años, de los que permanecerá 30 en prisión-, "no ha reconocido los hechos, no ha pedido perdón a las víctimas, no se ha arrepentido ni se ha sometido a terapia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de noviembre de 2003