El defensor del Pueblo, José Chamizo, y Sevilla Acoge coincidieron ayer en subrayar la endeble situación laboral de los inmigrantes que regularizan su situación laboral con contratos en origen, es decir firmados en sus países de residencia y con una duración limitada, al término de la cual deben regresar a sus hogares.
Un portavoz de Sevilla Acoge criticó que el Gobierno central no ponga en marcha comisiones de seguimiento que evaluen las condiciones laborales del trabajador, incluido el compromiso del empresario (obligatorio en este tipo de contratos) de proveer un alojamiento digno.
Pero más allá de esa exigencia, por cuyo incumplimiento está siendo investigada la finca Hacienda Valdelagua, Sevilla Acoge recalca que el contrato en origen es sólo una vía para regularizar la entrada de inmigrantes y que, luego, la relación laboral se establece "como un contrato-basura más", en el que la empresa puede despedir con un determinado coste económico. Sólo que, a diferencia de un trabajador nacional, un inmigrante se queda además sin alojamiento. Y con un periodo de tiempo por delante en el que está facultado para permanecer en España.
"Estos empresarios son los que generan grandes bolsas de indocumentados", concluyó el portavoz de Sevilla Acoge. "Si un empresario no los quiere para el tiempo que los contrató, que no los hubiese pedido", afirmó Chamizo, quien censuró la "timidez" de la Inspección de Trabajo en estos casos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de noviembre de 2003