Los conflictos de competencias entre el Estado y los Gobiernos o Parlamentos autónomos han ido creciendo en los últimos cuatro años. Si en 2000 el Consejo de Ministros solicitó al presidente del Gobierno (facultado para ello por el artículo 32 de la Ley del Tribunal Constitucional) que interpusiese recurso de inconstitucionalidad en seis ocasiones contra leyes autonómicas, en 2001 fueron 10. Tanto el año pasado como éste se presentaron 14 impugnaciones de normas regionales por parte del Gobierno. En total, 44 impugnaciones en cuatro años.
Ayer mismo no sólo el Ejecutivo anunció que recurriría los decretos sobre pensiones aprobados horas antes por el Gobierno andaluz sino que también acordó formalmente impugnar ante el Constitucional la ley de esa comunidad sobre investigación con embriones. El pasado día 7 había tramitado la presentación del recurso contra el plan Ibarretxe, que se presentó cuatro días después.
Pero no todas las impugnaciones del Gobierno contra decisiones autonómicas tienen un contenido político de tanta enjundia como el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Entre las leyes recurridas en esta legislatura por el Ejecutivo central se encuentran todo tipo de asuntos, desde la tasa turística instaurada por el anterior Gobierno autónomo de Baleares (una coalición de partidos de izquierda y nacionalistas) o los presupuestos de Castilla-La Mancha, hasta la ley de parejas de hecho del País Vasco, pero también otros asuntos a primera vista de menor importancia como la ley relativa a colegiaciones profesionales en Andalucía, la de instalaciones de sistemas de radiocomunicación en Castilla-La Mancha o la regulación del personal laboral, temporal e interino de la Diputación Regional de Cantabria.
Obviamente, las comunidades autónomas que han recibido más recursos de inconstitucionalidad del Gobierno son las gobernadas por socialistas y nacionalistas. Se lleva la palma en estos cuatro últimos años Cataluña, con ocho impugnaciones (comisiones de secretarios judiciales, impuesto sobre grandes centros comerciales, derecho de ocupación, ley de archivos y documentación, sobre contaminación acústica, Código Civil catalán, normativa sobre universidades y mutualidades de previsión social).
Le siguen Andalucía, Castilla-La Mancha y Andalucía, con seis cada una, y País Vasco, Baleares y Navarra con cuatro. Sólo seis comunidades se han librado de impugnaciones de sus leyes en estos años.
A su vez, los Ejecutivos o las Cámaras autónomos han presentado innumerables recursos contra decisiones del Gobierno de José María Aznar o leyes aprobadas con la mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento.
Una de las comunidades más activas ha sido la andaluza, que en marzo de 2002 llevaba presentados 18 recursos de inconstitucionalidad, entre ellos cinco contra los Presupuestos Generales del Estado por el conflicto de la financiación autonómica, desde 1996, cuando comenzó a gobernar el PP. Por idéntico motivo presentaron una treintena de recursos varias comunidades.
Otro de los asuntos que ha dado lugar a una avalancha de recursos por parte de las comunidades ha sido la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (impugnada por Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares y Extremadura) y el Plan Hidrológico Nacional (recurrido por Aragón y Cataluña).
Esta enorme cantidad de asuntos para resolver, algunos tremendamente abstrusos, llevó al Gobierno a aprobar una reforma de la Ley del Constitucional para frenar la avalancha de recursos de las comunidades autónomas mediante la instauración de una sistema de conciliación. Los presidentes del Tribunal Constitucional se han quejado tradicionalmente de la ingente cantidad de recursos que debe atender, unos 7.000 al año, la mayoría recursos de amparo de ciudadanos particulares.
El número de recursos en materia autonómica en el alto tribunal fue muy alto durante los años ochenta, pero comenzó a reducirse drásticamente a partir de 1991 y hasta 1996. Pasó de 415 a 176. Pero la acumulación de recursos volvió a aumentar en 1996, tras la ruptura del consenso entre el Gobierno del PP y el PSOE sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
Pero la conciliación es difícil en asuntos como la ley del déficit cero o las representaciones de la Generalitat de Cataluña en el extranjero. En este último caso, pese a que el Tribunal Constitucional admitió un conflicto de competencias del Ejecutivo central y suspendió la vigencia de dos artículos de la norma que regula esas oficinas -uno sobre promoción de relaciones bilaterales y otro sobre inmigración-, el conseller en cap, Artur Mas, anunció durante la reciente campaña electoral que si gobierna abrirá más delegaciones en el extranjero.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de noviembre de 2003