El dueño de un restaurante caraqueño confiesa que Hugo Chávez se le aparece en pesadillas desde la victoria presidencial de 1998. "¿Y sudas mucho?", inquiere un amigo socarrón. "Pues no lo sé, pero el daño psicológico es irreparable". Los venezolanos que aborrecen a su presidente acudieron masivamente ayer a los 2.658 puntos de recogida de firmas para sumar, durante cuatro días, las 2,4 millones exigidas para un referéndum revocatorio del mandato de Chávez, esto es, el 20% de un padrón de poco más de 12 millones de electores. "No lo soportamos más", resumen las personas consultadas en las colas.
Hace un año, la movilización opositora para expulsarle a la fuerza fracasó. Una huelga general de 63 días, esencialmente petrolera, causó desabastecimientos, quiebras, 7.600 millones de dólares en pérdidas y un desplome de 27,6 puntos del PIB en tres meses, pero sin conseguir una reacción castrense, la renuncia del presidente o elecciones generales anticipadas. "Auguremos un rutilante éxito", animó Antonio Ledezma, directivo de la opositora Coordinadora Democrática, que aglutina a sectores antigubernamentales.
El primero de los cuatro días del firmazo se desarrolló sin contratiempos graves, con los firmantes cantando "se va, se va, se va". Sin embargo, el ex gerente petrolero Juan Fernández y el director del opositor diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, fueron abucheados y apedreados cuando trataban de votar en la zona pobre de Caracas. Debieron ser evacuados. "Si se presenta algún hecho violento, un intento de golpe de Estado o de subversión, por pequeño que sea, y una planta de televisión aparece implicada, tengan la seguridad de que será sacada del aire", advirtió Chávez. "Si pasan la alerta roja, por ejemplo diciendo que tienen recogidas seis millones de firmas y que Chávez debe renunciar, las cierro".
El firmazo fue planteado por el Gobierno en blanco o negro: patriotas contra antipatriotas. "¡Comienzan a firmar los que quieren que el país retroceda, los fascistas y golpistas!", tronó el vicepresidente, José Vicente Rangel, durante la entrega, en el Consejo Nacional Electoral, de las firmas obtenidas días atrás por el oficialismo para destituir a 37 diputados opositores, 17 de ellos tránsfugas chavistas. "¡Los que quieren acabar con la Ley de Pesca y con la Ley de la Reforma Agraria, que beneficiaron a los humildes! (...) Yo les digo: ¡No pasarán, no pasarán!". En la antípoda, el presidente de la Asociación de Exportadores de Venezuela, Francisco Mendoza, y los portavoces opositores imputan traición a Chávez: "Nos está destruyendo como país y como personas".
Venezuela padece los efectos de la gestión gubernamental y de la huelga de 63 días: la economía sufrirá una contracción anual cercana a los 14 puntos, según cálculos oficiales; las exportaciones de crudo, principal fuente de ingresos, cayeron un 19,8%; la inflación acumulada alcanzó el 22,5 %.
La producción petrolera recuperó los tres millones de barriles diarios y 20.000 huelguistas de la empresa petrolera estatal fueron despedidos. "Con el proceso electoral probable en los primeros meses del año vamos a un desbocamiento del gasto público", señala Gustavo García, profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Administración, quien anticipa una posible devaluación del bolívar del 20%. El Gobierno ya se desbridó en un acelerado y político reparto de bonos, créditos, subvenciones y obras públicas entre la oficialidad castrense y los estratos más pobres, su principal cantera electoral.
El Estado puede endeudarse más debido al elevado precio del barril de crudo, unos 26 dólares, y unas reservas actuales de 24.000 millones de dólares desde los 14.000 millones de enero. La servidumbre de la deuda externa, 22.000 millones de dólares, e interna, 12.500 millones, es más manejable que en otros países latinoamericanos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de noviembre de 2003