Los Presupuestos Generales del Estado para 2004 incorporarán más incentivos para las empresas que promuevan la vivienda en alquiler. Dentro de las 179 enmiendas que el PP presentó ayer a las cuentas del Estado en el Senado figura una bonificación del 85% en el Impuesto de Sociedades para las compañías que ofrezcan como mínimo 10 pisos en alquiler. La novedad es que este incentivo, que supone que el 85% de las cantidades percibidas por arrendamiento están exentas de tributación, se extiende también a viviendas usadas. Es decir, la empresa puede haber adquirido la vivienda a un tercero; no es imprescindible que la haya construido dicha compañía.
Las viviendas, además, deberán permanecer en alquiler un mínimo de 15 años. Transcurrido este plazo, la empresa estará autorizada a venderlas, pero con ciertas limitaciones. El comprador no será el inquilino anterior (el alquiler no podrá, por tanto, incorporar una opción de compra), ni su cónyuge o familiar, hasta tercer grado de parentesco. Y el dinero que las empresas ingresen con esa venta tendrá que reinvertirse en más viviendas de alquiler en un máximo de tres años.
El objetivo de esta medida es impulsar el alquiler en el mercado español. De las más 20 millones de viviendas que hay en España, apenas un 10% está en alquiler, mientras que existen cerca de tres millones de pisos vacíos. Fomentar la alternativa del alquiler está considerado como una de las claves para equilibrar el mercado inmobiliario, que en los últimos cinco años es víctima de una escalada de precios superior al 90%.
Los intentos del Gobierno para promover el alquiler han sido numerosos en el último año. Una de las medidas llevadas a cabo a principios de año por el Ejecutivo, que quiere que en los próximos tres años salgan al mercado 100.000 viviendas en alquiler, fue la posibilidad de que los caseros se deduzcan en la declaración del IRPF que presenten a mediados del año que viene hasta el 50% de los ingresos que perciben de sus arrendatarios, además de todos los gastos (como los de escalera).
Pero hasta ahora no ha habido ninguna compensación tributaria para el inquilino por pagar el alquiler de una vivienda.
- Gas Natural. La enmienda presentada ayer por el grupo parlamentario del PP en el Senado a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos respecto a Enagás (sociedad propietaria de la red de gasoductos) establece que la compañía Gas Natural (Repsol y La Caixa) deberá reducir su participación en la empresa a un 5% en un plazo máximo de tres años.
En la actualidad, Gas Natural controla un 39,5% de la compañía que preside Antonio González Adalid, tras vender, en junio de 2002, un 59,1% de la sociedad. Junto con Gas Natural, en el capital de Enagás participan las sociedades Sagane Inversiones (antiguo grupo Atalaya de cajas de ahorros), con un 5,02% de las acciones; BP, Bancaja y Cajastur, con otro 5% cada una y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con un 2%. A día de hoy, el precio del 39,5% de Enagás en Bolsa sería de unos 780 millones de euros (680 millones si se considera un paquete del 34,5%).
La enmienda a la Ley de Acompañamiento dilata un tanto los planes que se manejaban en Gas Natural para llevar a cabo la desinversión. En el mes de octubre, la compañía gasista adelantó que sus planes pasaban por vender un 10% de las acciones de Enagás antes de las próximas elecciones generales de marzo. Ése sería el primer paso para culminar el proceso de desinversión que la compañía estimaba en unos dos años en función de la situación de los mercados. Ayer, la compañía calificó de "razonable" el calendario propuesto por el grupo popular en el Senado.
La operación de desinversión en Enagás, según destacan fuentes de la secretaría de Estado de Energía que dirige José Folgado, es similar a la que se planteó en su día con Red Eléctrica de España, la sociedad propietaria de la red de alta tensión eléctrica y en la que las compañías eléctricas han reducido sus participaciones. El Gobierno y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se han pronunciado reiteradamente a favor de separar gradualmente en el sector del gas las actividades que llevan a cabo las empresas productoras y comercializadoras de las que realizan las sociedades gestoras del sistema con actividad casi pública, como es el caso de Gas Natural.
El planteamiento de la operación no fue bien recibido en su día por el Gobierno autónomo catalán. El pasado verano, reciente aún la batalla desatada entre Gas Natural e Iberdrola por el control de esta última, el entonces conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, advirtió al Gobierno central contra cualquier intento de debilitar a Gas Natural, un hecho que calificó de "error muy grave".
Sin embargo, desde el Ejecutivo se considera que las ventajas de diluir el capital de la sociedad encargada de la gestión técnica del sistema gasista son evidentes. Al igual que la CNE, el Gobierno está convencido de que hay que evitar posiciones de control empresarial en las redes por las que discurre el tráfico de energía. El concepto es asegurar el suministro, el servicio y la neutralidad de quien lo gestiona. En el recuerdo están aún muy recientes las consecuencias de la falta de coordinación en la crisis energética de California.
- 'Acción de oro'. En el trámite de enmiendas en el Congreso, el PP redujo las atribuciones del Estado en las empresas de interés público en las que aún conserva poder de decisión (la llamada acción de oro). En vez de pedir permiso, se estableció que sólo era necesario notificar a los órganos reguladores competentes las decisiones de calado que adoptaran esas empresas (disolución, fusión, enajenación de activos estratégicos, cambio de misión...). En el Senado se ha graduado esta pérdida de atribuciones del Estado en las empresas en función de cada una (se establecen condiciones especiales para las diversas filiales de Telefónica y Repsol, para Indra y para Iberia), atendiendo al interés público del servicio que prestan.
El órgano competente, además, podrá oponerse a estos actos en el plazo máximo de un mes desde que le hayan sido notificados. En caso de que la medida tenga gran trascendencia o complejidad, el regulador podrá establecer una ampliación de este plazo a no más de 15 días adicionales. Durante ese periodo de tiempo no se aplicarán las decisiones comunicadas por la empresa al regulador.
- 'Prestige'. Se establece la exención total en el IRPF para las cantidades percibidas como indemnización por la catástrofe del Prestige y del accidente aéreo del Yakolev-42, en el que murieron 62 militares españoles.
- Copa del América. Las empresas que se establezcan en España con motivo de este acontecimiento deportivo estarán exentas del Impuesto de Sociedades por las rentas que obtengan relacionadas con su celebración. Esta bonificación total también se aplicará a los establecimientos permanentes de la entidad organizadora de la Copa del América, así como a los equipos que se constituyan en España.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de diciembre de 2003