El referéndum del nuevo Estatuto que persiguen todos los partidos catalanes, salvo el PP, no será condición sine qua non para pactar el futuro Gobierno de la Generalitat. Lo dijo ayer el líder de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod, y lo ratificó el primer secretario de los socialistas catalanes, José Montilla. Los equipos negociadores de ambos partidos avanzaron ayer en una reunión de casi dos horas los términos de un posible acuerdo de un Gobierno catalanista de izquierdas, pero se encallaron en un asunto que los republicanos juzgan crucial: el modelo de financiación autonómica. Esquerra quiere que el nuevo Gobierno defienda un sistema bilateral entre Cataluña y la Administración central.
El anuncio, el pasado domingo, de que Esquerra exigía un referéndum sobre el nuevo Estatut como condición para pactar provocó una gran preocupación entre los socialistas, que temían un planteamiento para Cataluña inspirado en el plan Ibarretxe. Pero ayer, en la reunión entre las delegaciones de ambos partidos, quedó claro que el referéndum no será la clave de la negociación y que ni Esquerra pretende trasladar a Cataluña el escenario vasco ni los socialistas lo aceptarían.
Por la mañana, antes de la reunión, ya lo había dejado claro el propio Carod: "[El referéndum] no es una condición sine qua non, sino que es nuestra voluntad de que el futuro Gobierno de Cataluña, en algún momento, pase a consultar a los ciudadanos sobre cosas esenciales". Joan Puigcercós, miembro de la comisión negociadora, subrayó que la propuesta de Esquerra siempre ha sido que la consulta sea "a posteriori"; es decir, hablaba del referéndum preceptivo que se prevé en el propio Estatuto de autonomía para una reforma. La vía prevista es que el nuevo texto del Estatut se someta a referéndum una vez aprobado por las Cortes españolas.
José Montilla afirmó que "dado el calado de la reforma" del Estatut que persiguen, "evidentemente se requerirá una consulta". Pero de inmediato precisó, tajante, que ésta "respetará el ordenamiento jurídico vigente". Otra cosa, dijo, es que se prevean mecanismos de participación ciudadana en el proceso de elaboración del nuevo Estatut, entre los que se barajan, por ejemplo, la adhesión de los ayuntamientos e involucrar al máximo a la sociedad civil. Aunque, eso sí: todo dentro del escrupuloso respeto de la ley al que también se refirió por la noche Pasqual Maragall: "Los Estatutos deben ser refrendados, a posteriori de su aprobación por las cámaras, y eso es lo que pasará; eso es lo que dice la ley y por tanto lo que se cumplirá", afirmó.
Diferencias
El referéndum del Estatut no será condición para suscribir un pacto de gobierno, pero ello no significa que socialistas y republicanos tengan exactamente el mismo planteamiento: ambos partidos mantienen sus diferencias sobre cuál debería ser la actitud del Gobierno catalán si las Cortes rechazaran un proyecto de Estatut aprobado por más del 80% del Parlamento catalán. "No descartamos exigir este instrumento [el referéndum] si Madrid se niega en redondo a aprobar el Estatut", afirmó ayer Puigcercós. Pero estas diferencias, que existen, no afectan a las negociaciones ahora en curso para formar Gobierno, informaron fuentes de ambos partidos.
Los negociadores de Esquerra se reunirán hoy con Convergència i Unió (CiU), pero Montilla dijo sentirse ayer "moderadamente optimista" ante la posibilidad de que se forme en Cataluña un Gobierno de izquierdas y catalanista, aunque el pacto no necesariamente se alcanzará antes del viernes, el día de la constitución del Parlamento. Ambos partidos se intercambiaron ayer nuevos documentos y acordaron reunirse de nuevo el próximo jueves.
Fuentes de ambos partidos explicaron que no existen grandes diferencias programáticas en los asuntos que se están debatiendo -ley electoral, organización territorial, mayor transparencia para la Administración-, con la excepción del modelo de financiación autonómica, un asunto que los republicanos juzgan crucial. Esquerra quiere que el nuevo Gobierno defienda un modelo similar al Concierto vasco, y la propuesta socialista se sitúa dentro del régimen general, aunque aplicando un nuevo criterio: que las comunidades aporten de acuerdo con su renta y reciban según su población. Durante esta semana están previstas reuniones entre expertos de ambos partidos para estudiar a fondo las respectivas propuestas. ERC marca su exigencia en la filosofía, más que en la cuantía económica: reclama una relación bilateral entre Cataluña y la Administración central sin fijar de entrada ningún tope para la aportación de esta comunidad al conjunto del Estado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de diciembre de 2003