México negociará con España un acuerdo migratorio similar al suscrito con Ecuador que permita la contratación de un determinado cupo de trabajadores temporeros, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, en un encuentro con corresponsales extranjeros. El próximo día 16 viajará a Madrid para "definir el esquema" con el Gobierno de José María Aznar. El destino natural de los emigrantes mexicanos es Estados Unidos, país con el que México comparte 3.200 kilómetros de frontera y donde residen cerca de cinco millones de mexicanos indocumentados.
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"Dado que estamos pensando en una política migratoria [con EE UU], para México sería conveniente empezar a plantear también con otras naciones esta posibilidad, y nada más natural que hacerlo con quien tenemos una relación de siglos, como es España", explicó el canciller. El presidente mexicano, Vicente Fox, Derbez y su ministro de Economía, Fernando Canales, se reunieron en Bolivia, en la Cumbre Iberoamericana de noviembre, con el rey Juan Carlos, el presidente español, José María Aznar y la ministra de Exteriores, Ana Palacio, para tratar ese asunto, entre otros. La propuesta mexicana fue acogida "favorablemente", afirmó Derbez, "y esa es la razón de mi visita a España: empezar ya a definir el esquema, las condiciones, el número de personas".
El objetivo fundamental de la presidencia de Fox es el acuerdo migratorio, "acuerdo laboral", prefiere llamarlo Derbez, con EE UU, pero las resistencias de la Administración norteamericana, las complejidades del compromiso y el cambio de prioridades de la Casa Blanca, centrada en Irak, impidieron avances sustantivos. El canciller sostiene que la regulación del flujo de braceros de México hacia EE UU como parte complementaria del tratado de libre comercio firmado por EE UU, Canadá y México (en vigor desde 1994), "nos tiene que conducir por el paso de un acuerdo migratorio que garantice a nuestro compatriotas todos sus derechos laborales y sociales". EE UU contaría, agregó, con un censo de identificación y seguridad de personas.
Abusos
El mercado laboral norteamericano demanda más mano de obra de la que puede encontrar en el propio territorio y en México sobran los peones dispuestos a cruzar el Río Bravo, legal o ilegalmente. "Tenemos muchas más personas que empleos en nuestro país", señaló Derbez. "Si logramos tener un acuerdo migratorio sería la fórmula para encontrar el equilibrio normal entre demanda y oferta de trabajadores en los dos mercados". Cada año se quedan en EE UU 400.000 mexicanos indocumentados y consiguen empleo. Los abusos de los empleadores son muy frecuentes.
El rechazo de la cancillería mexicana, en septiembre pasado, de la extradición de Lorenzo Llona Olalde, acusado del asesinato, el 24 de junio de 1981, de tres vendedores de libros en Tolosa (Guipúzcoa) a los que ETA confundió con policías, fue abordado en la reunión con los corresponsales. El pasado 28 de agosto, un juez mexicano la concedió, pero Relaciones Exteriores la rechazó arguyendo que "podrían haberse violado" garantías fundamentales del reclamado. Fue decisiva la presentación de un documento que probaba, según la defensa, que Llona vivía en México desde el 15 de diciembre de 1980 y había efectuado trámites migratorios entre mayo y julio de 1981, uno de ellos un día después del atentado de Tolosa.
El magistrado que falló a favor de la extradición desconocía la existencia del documento, cuya autenticidad se puso en duda en ámbitos de la lucha antiterrorista, y la defensa lo supo a última hora. ¿Existe algún cambio en la posición de México hacia las extradiciones de presuntos miembros de ETA? se preguntó a Derbez. "El caso a que se hace referencia demuestra que en México nos apegamos a la ley y los tratados. Descubrir un documento que demostraba que no podíamos proceder con la extradición nos llevó a aplicar la ley", dijo Derbez. El documento resultó ser válido, añadió, "después de una investigación profesional".
El ministro precisó que el caso de Llona Olalde "no cambia nada la relación que tenemos con el Gobierno de España". La mayoría de las entregas de presuntos miembros de ETA a España, que comenzaron en el segundo tramo del Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), se efectuó a través de la aplicación de la Ley de Población, esto es de policía a policía, para sortear los largos procesos de extradición.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de diciembre de 2003