El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 10 años y medio de cárcel para Álvaro Pernas Barro, ex inspector de Hacienda de la Delegación de Cataluña. El caso de Pernas, que cobró 360.607 euros a un constructor por falsear actas, constituyó el primero que llegó a los tribunales de la trama de corrupción destapada hace tres años en esa delegación.
La sentencia rechaza el recurso presentado por Pernas, en prisión desde enero de 2001, y destaca que no se cometió una simple irregularidad formal, sino "una consciente y deliberada alteración de la realidad al dejar de consignar datos de relevancia tributaria". Pernas fue acusado de falsear cinco actas de inspección en 1998 que ocultaron una deuda fiscal de 2,4 millones de euros a la empresa del constructor Baltasar Aznar.
Pernas ve también confirmada su inhabilitación de 15 años y la obligación de pagar 820.214 euros. El único aspecto en el que el Supremo corrige la anterior sentencia de la Audiencia de Barcelona atañe al empresario: Baltasar Aznar conserva los cuatro años y medio de cárcel impuestos pero es absuelto del delito de omisión del deber de perseguir delitos. El tribunal entiende que es "imposible" condenar a alguien por no fomentar la investigación de delitos que esa persona cometió.
La condena de Pernas fue la primera de la trama de corrupción descubierta en la delegación barcelonesa de Hacienda, que implicó a otra media docena de inspectores tributarios acusados de favorecer a empresarios de renombre. Entre los presuntos implicados figuraban el ex delegado de Hacienda en Cataluña, Ernesto de Aguiar, y el ex jefe de Inspección, José María Huguet.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de diciembre de 2003