El PSC y ERC cerraron ayer, a las 18.30, los detalles de un acuerdo sobre los 10 puntos básicos que deberá tener el nuevo modelo de financiación autonómica que se negociará con el Gobierno central. El objetivo del pacto es eliminar de forma progresiva las deficiencias del actual sistema con el fin de dotar a la Generalitat de Cataluña de recursos suficientes para llevar a cabo su gestión.
Este decálogo, negociado por dos equipos dirigidos por el socialista Antoni Castells y el republicano Josep Huguet, pretende responder a la insuficiencia en la financiación de infraestructuras públicas, una de las grandes reclamaciones de la sociedad civil y de diversos foros empresariales. Estos son las principales ideas del acuerdo.
- Acuerdo de 2001. Se denuncia el acuerdo de financiación que Convergència i Unió (CiU) y el Gobierno del PP pactaron en 2001, que se considera un fracaso al no haber proporcionado los recursos necesarios en relación al peso económico y demográfico de Cataluña.
- Comisión de Valoraciones. Ambas partes han acordado potenciar el papel de la Comisión mixta Estado-Generalitat para canalizar la discusión sobre la necesidad específica de financiación de Cataluña.
- Agencia Tributaria. Cataluña dispondrá de una Agencia Tributaria que recaudará los tributos propios, los cedidos y los compartidos, y que distribuirá entre el Estado y la Generalitat lo recaudado de cada impuesto. Este organismo estará coordinado y actuará en consorcio con la Agencia Tributaria estatal para optimizar la gestión de los impuestos.
- Participación en impuestos. La Generalitat participará en todos los impuestos que se recauden en Cataluña. Ello supone pasar a participar también en la recaudación del Impuesto de Sociedades.
- Reducción de distancias. El nuevo modelo tiene como objetivo reducir progresivamente las distancias existentes entre los ingresos por habitante que actualmente recibe Cataluña y las comunidades bajo el régimen foral (el País Vasco y Navarra). En el texto no se determina el plazo para conseguir este fin. Los negociadores lo estiman en unos 10 años.
- Criterio de población. En general los ingresos que recibirá Cataluña deberán ser proporcionales al peso de su población en España (16,6%). Sin embargo, este criterio contará con dos elementos correctores: los costes y factores demográficos como el envejecimiento.
- Infraestructuras. Cataluña deberá recibir el volumen de recursos destinados a infraestructuras públicas en proporción al peso del Producto Interior Bruto (PIB) catalán en España (19%). Este criterio se aplicará a las infraestructuras de transportes, telecomunicaciones, I+D e innovación. Se considerarán para esta valoración plazos de cinco años. Velará por el cumplimiento del acuerdo sobre este punto una comisión, presidida por la Generalitat, en la que estarán representadas las administraciones locales, autonómica y central.
- Solidaridad interregional. Cataluña contribuirá a la solidaridad con el resto de comunidades autónomas para que todas tengan un nivel similar de servicios al de Cataluña con el mismo esfuerzo fiscal.
- Déficit fiscal. Todos estos criterios servirán para reducir de manera progresiva el actual déficit fiscal catalán (en torno al 8% del PIB de Cataluña, según distintos expertos) en el plazo de 10 años. El objetivo es que el déficit fiscal catalán sea similar al que tienen otras regiones europeas con un peso económico proporcional en sus respectivos Estados.
- Estatuto. Este acuerdo vincula al futuro Gobierno autónomo en la negociación de la financiación autonómica con el Ejecutivo Central, pero es independiente de las negociaciones que las distintas fuerzas catalanas mantengan sobre esta materia en la redacción del nuevo Estatuto catalán.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de diciembre de 2003