El pacto para una nueva financiación autonómica que han cerrado el PSC y ERC, para someterla a negociación con el Gobierno central, describe en 10 apartados cómo eliminar gradualmente lo que ambos partidos consideran deficiencias del actual sistema. El objetivo es dotar a la Generalitat de recursos para llevar a cabo su gestión buscando un mayor equilibrio entre lo que aporta y lo que recibe esta comunidad.
- Acuerdo de 2001. Se denuncia como un fracaso el acuerdo de financiación de 2001.
- Comisión de valoraciones. Se potenciará el papel de la Comisión mixta Estado-Generalitat para discutir sobre las necesidades financieras de Cataluña.
- Agencia Tributaria. Cataluña dispondrá de una Agencia Tributaria que recaudará los tributos propios, los cedidos y los compartidos, y distribuirá entre el Estado y la Generalitat lo recaudado de cada impuesto. El nuevo organismo trabajará en estrecha coordinación con la Agencia Tributaria estatal.
- Participación en impuestos. La Generalitat participará en todos los impuestos que se recauden en Cataluña.
- Reducir distancias. Se pretende reducir progresivamente la distancia entre los ingresos por habitante que actualmente recibe Cataluña y las comunidades con régimen foral (País Vasco y Navarra). No se determina el plazo para conseguir este fin, que se calcula en unos 10 años.
- Criterio de población. Los ingresos que recibirá Cataluña deberán ser proporcionales al peso de su población (16,6%), con correcciones como los costes o factores demográficos.
- Infraestructuras. Cataluña deberá recibir recursos destinados a infraestructuras públicas en proporción al peso del PIB catalán en España (19%). Este criterio se aplicará a las infraestructuras de transportes, telecomunicaciones e I+D. Se considerarán para esta valoración plazos de cinco años.
- Solidaridad interregional. Se contribuirá a la solidaridad con el resto de comunidades para que todas tengan un nivel similar de servicios al de Cataluña con el mismo esfuerzo fiscal.
- Déficit fiscal. Se reducirá progresivamente el actual déficit fiscal catalán (entre un 8% y un 10% del PIB de Cataluña) en 10 años, hasta que sea similar al de regiones europeas con un peso económico semejante.
- Estatuto. Este acuerdo vincula al Ejecutivo autónomo en la negociación de la financiación con el Gobierno central, pero es independiente de la que mantengan las fuerzas catalanas sobre el futuro Estatuto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de diciembre de 2003