La juez que investiga el incendio ocurrido el 27 de diciembre del año pasado en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga, en el que murieron siete inmigrantes, ha archivado nuevamente el caso por entender que no cabe exigir responsabilidad criminal al funcionario de policía que custodiaba las celdas. Es la segunda vez que el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga da carpetazo a la causa penal. El 17 de febrero pasado ya se produjo un primer auto de archivo porque la juez entendía que los únicos responsables del suceso fueron los dos inmigrantes que prendieron fuego a las colchonetas, que murieron como consecuencia de las quemaduras que se produjeron en el incendio.
La asociación Andalucía Acoge recurrió el auto y la Audiencia Provincial de Málaga ordenó en abril reabrir la causa para determinar la posible existencia de responsabilidades penales por imprudencia de los funcionarios policiales. Igual que entonces, Andalucía Acoge ha vuelto a presentar un recurso de apelación para que la investigación siga abierta, pues entiende que la causa directa del siniestro fue la ausencia de un plan de emergencia en la comisaría, de la que hace responsables a los mandos policiales.
En el recurso, Andalucía Acoge recuerda que ya en marzo de 2001 el sindicato policial ANPU advirtió a la jefatura del riesgo para la integridad de las personas en los calabozos, y lamenta que la juez no haya admitido en el procedimiento que se aportara aquel informe. Según el abogado José Luis Rodríguez, "en las pruebas practicadas se ha demostrado que no había alarmas, ni salida de emergencia, ni plan de evacuación, ni se había dado un plan de formación a los trabajadores". Andalucía Acoge asegura que su intención nunca fue imputar al funcionario que custodiaba los calabozos y que "los edificios públicos deben dar ejemplo y disponer de planes de emergencia".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de diciembre de 2003