Un total de 498 órdenes de protección a víctimas de la violencia doméstica han dictado los jueces en Andalucía hasta finales del pasado mes de octubre, según los datos del Consejo General del Poder Judicial que hizo ayer públicos en Jaén la responsable de Igualdad de la ejecutiva Federal socialista, Micaela Navarro. El PSOE duda de la eficacia de esta iniciativa legislativa, aprobada por el Congreso el pasado 31 de julio y que entró en vigor en agosto, debido a la "dispersión de competencias" y a la "falta de coordinación", dijo Navarro.
Varias comunidades, entre ellas Andalucía, han pedido al ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, una reunión de la conferencia sectorial sobre violencia doméstica para resolver las lagunas que plantea esta orden, que tiene el objetivo de dar cobertura judicial, policial y económica a las víctimas de malos tratos. !Esta orden puede correr la misma suerte que la Ley del Menor si el Gobierno no destina los recursos suficientes", manifestó Navarro, tras lamentar que sean los ayuntamientos y las comunidades los que tienen dar respuesta a las decisiones judiciales. En algunos casos, según Navarro, los jueces han dirigido sus órdenes de protección a 12 instituciones diferentes, desde la Fiscalía a la policía pasando por los ayuntamientos o los institutos de la mujer.
De las 613 órdenes de protección solicitadas en Andalucía en tres meses (sobre un total de 4.043 en toda España), 498 han sido aprobadas por los jueces. Por provincias, son Málaga (173) y Sevilla (123) las que mayor número de órdenes han concentrado, mientras que Almería (40), Jaén (27) y Huelva (16) son las que menos. Del total de medidas penales adoptadas, 417 han sido órdenes de alejamiento, 172 prohibiciones de comunicación, 48 prohibiciones de volver al lugar donde se han denunciado los malos tratos y en 24 casos se han impuesto penas privativas de libertad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2003