Ahora que se consuma un gobierno tripartito en el Gobierno de la Generalitat, mi voluntad es denunciar un conjunto de consideraciones que manifestaba la tercera teniente de alcalde de Barcelona, Imma Mayol, en su artículo El presupuesto de un Gobierno de izquierdas, publicado la semana pasada. Mayol defiende la buena gestión económica del tripartito del PSC, ERC e ICV durante los últimos años, aprovechaba la oportunidad para confundir al ciudadano con un baile de cifras que no cuadran con las que se recogen en el capítulo de gastos de la propuesta de Presupuestos Generales para la ciudad de 2004, y los utilizaba de ejemplo para aplicar el mismo modelo de gobierno en la Generalitat.
Ya en su día denuncié que el presupuesto para 2004 presentado por el equipo de gobierno responde al continuismo de su política en Barcelona de los últimos 12 años. Se trata de unas cuentas maquilladas que pretenden visualizar que en Barcelona se desarrollan políticas de izquierdas y en beneficio del progreso de la ciudad, pero que en realidad reflejan que para socialistas, republicanos y ecosocialistas no es una prioridad el impulso firme de más y mejores servicios sociales y atención a las personas. Como ejemplo, el retraso de casi un año del Plan de Actuación Municipal (PAM), que debe recoger las propuestas de acción del gobierno para 2003-2007.
Las políticas sociales en el Ayuntamiento de Barcelona son actualmente, después de medio año de mandato, muy confusas y poco precisas. Sabemos que en el cierre de los presupuestos de 2002, el alcalde Joan Clos y su equipo de gobierno, en el que participa y es corresponsable el grupo de ICV, concluyeron con un superávit de 115 millones de euros. El gobierno tripartito, de los mismos tres colores que ahora configura Carod Rovira para Cataluña, ingresó más dinero de lo previsible gracias a los impuestos que impusieron a los ciudadanos, gastó 10,2 millones de euros, un 174% más en publicidad y propaganda que los 3,7 millones de euros acordados, y dejó de ejecutar partidas de programas sociales, como el dinero destinado a la atención de las personas sin techo, atención a la mujer, inserción sociolaboral, promoción de la salud o fomento del deporte. En definitiva, se han malbaratado las posibilidades de progreso social y de atención a las personas en Barcelona.
Sostengo que el tripartito en Barcelona, autodenominado de progreso, carece de credibilidad, más aún cuando la partida de gastos en servicios sociales en los presupuestos de 2004 sólo crece un 6,4%, el mismo porcentaje que aplica el Gobierno del PP en los presupuestos del Estado y en los que, aquí sí, los compañeros socialistas en España manifiestan un claro desacuerdo al respecto.
Sostengo también que PSC, ERC e ICV carecen de credibilidad cuando este Gobierno autodenominado "de izquierdas y progresista" delimita las partidas culturales a un mínimo crecimiento del 5,3%, dedica un mísero 6,1% a la prevención y seguridad ciudadana incrementando en sólo 90 agentes la plantilla de la Guardia Urbana para los próximos dos años; niega el impulso de mecanismos que potencien la creación de vivienda pública de alquiler vendiendo suelo público para ingresar unos beneficios de un 20,6% más que en 2003, que en ningún caso van a desdicarse a favorecer los servicios sociales.
Y además, pierden definitivamente toda credibilidad cuando Mayol finaliza su artículo afirmando que sólo es posible "un presupuesto catalán de orientación social y ecológica mediante un Gobierno plural de izquierdas". Digo pierde la credibilidad porque durante la campaña de las municipales, Mayol, después de gobernar cuatro años junto al PSC y ERC, acusó al alcalde de no tener coraje y de no pelear de verdad en la defensa de los temas sociales y educativos (EL PAÍS, 23 de mayo); manifestó un conjunto de promesas durante la campaña presumiendo de influir en el gobierno de la ciudad para intentar que la política social adquiera un peso que ha perdido en los últimos años (EL PAÍS, 16 de mayo); prometiendo que Barcelona debe dar prioridad a las inversiones en las personas por encima de las inversiones en piedras (Avui, 16 de mayo); reconociendo que su socio de gobierno, el PSC, va de izquierdista y contundente (El Periódico, 17 de mayo), para acabar esta recopilación recordando las promesas de Mayol en materia de vivienda: reclamar que el Ayuntamiento destine el 50% de obra nueva a vivienda protegida, pública y privada (El Periódico, 10 de mayo).
Todos estos elementos explican nuestro escepticismo ante las promesas que, mandato tras mandato, manifiesta el Gobierno de Barcelona, que se autodenomina de izquierdas, pero que aplica políticas de derechas. La realidad nos explica que Barcelona sólo cubre el 25% de la ayuda domiciliaria a las personas mayores de 65 años. Tras 19 años de la aprobación de la primera ordenanza sobre la supresión de barreras arquitectónicas, las entidades de discapacitados en Barcelona, que representan a más de 22.000 personas, se muestran escépticas ante las deficientes políticas sociales que se desarrollan, sin establecer complicidades entre la Administración y las personas afectadas, con el fin que se transforme la vía pública en beneficio de todos.
O, simplemente, el deficiente balance en materia de vivienda que presenta el Gobierno de Clos, Portabella y Mayol, vendiendo en 2002 suelo público por 105 millones de euros, en comparación con los simbólicos 4 millones gastados en la compra de terrenos, y sin utilizar estos beneficios en la compra de más suelo público para contribuir en el derecho a una vivienda digna al máximo número de personas posibles, sobre todo para mayores y jóvenes. Contribuir al encarecimiento de la vivienda, así como no impedir que la gente joven se vaya a vivir fuera de Barcelona, no es propio de un Gobierno que se manifiesta cada día más de izquierdas. Por eso me pregunto si existe en Barcelona un Gobierno de izquierdas de verdad.
Xavier Trias es presidente del grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2003