El pasado 5 de noviembre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acordó abrir diligencias informativas sobre la actuación del secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de Ontinyent tras recibir una queja de la letrada María Teresa Franco Escrihuela. La abogada trasladó al TSJ un escrito en el que ponía en conocimiento de la institución los incidentes ocurridos días antes cuando acudió a la oficina judicial acompañada de sus representados en una querella para quejarse por las dilaciones e irregularidades en el procedimiento y se produjo un enfrentamiento que ha terminado con una sanción para la profesional de 6.000 euros -la multa más alta a un letrado en España según el Colegio de Abogados de Valencia-. Según Franco Escrihuela, el secretario del juzgado, en presencia del juez mientras realizaba una comparecencia para dejar constancia de su queja, le gritó, la humilló, invalidó su trabajo y provocó una situación de tensión que obligó a la intervención de la policía local, que acompañó a la letrada y a los once jubilados que la acompañaban y a los que ayudaron, por ejemplo, a hacer fotocopias de determinados documentos a pesar de la negativa del secretario.
Dudoso procedimiento
Franco Escrihuela fue sancionada por el mismo juzgado en el que ocurrieron los hechos. El procedimiento establece que sea al mismo juzgado en el que ocurren los problemas al que se trasladen las quejas y es, en este caso, el mismo secretario objeto de las críticas de la letrada el que da fe de la versión que recibe sobre unos hechos en los que participa. Ese procedimiento es, según la abogada, "absolutamente inconstitucional, impide que se valoren de forma independiente las peticiones de prueba o se consideran las alegaciones con imparcialidad; es curioso que cualquier delincuente tenga derecho a ello y nosotros no". Franco Escrihuela, que tiene el amparo del Colegio de Abogados de Valencia, presentó su versión de los hechos ante el juez y solicitó que se practicaran pruebas, entre ellas la de toma de declaración a las personas que presenciaron los incidentes -calificados de "burdas patrañas" por el juez en su sentencia-, entre los que se encontraban personas distintas a los clientes de la abogada afectados por el retraso de tres años en la tramitación de la querella. Ahora, el TSJ deberá responder al recurso presentado por la abogada contra la multa que le ha sido impuesta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2003