Los 1.300 habitantes de Llaurí, una población agrícola de la Ribera, se disponen a afrontar unas tristes navidades al estar muy próxima la subasta de los bienes municipales y sufrir las consecuencias de unas cuentas embargadas por la justicia. En sus calles no habrá iluminación navideña y sus pequeños vecinos no podrán disfrutar de la cabalgata de Reyes.
Al menos no estarán a oscuras, como ocurriera durante los últimos meses, después de que la Audiencia de Valencia autorizara, recientemente, al consistorio el gasto derivado del cambio de las farolas fundidas. La Audiencia de Valencia ha sustituido en la práctica a la joven alcaldesa, Ana González, en la toma de decisiones. "Hemos de pedirle permiso para realizar cualquier gasto", lamenta. Salvo las nóminas de los ocho funcionarios y algunos gastos fijos, la máxima autoridad municipal no tiene potestad para tomar decisiones de índole económica.
El alumbrado público, el colegio y las instalaciones deportivas se deterioran sin que el Ayuntamiento pueda hacer nada. Como contrapartida, el vecindario se ha unido ante tanta adversidad y así los padres sufragan algunas reparaciones de la escuela y los jóvenes acondicionaron el pasado verano la piscina municipal para poder utilizarla.
Tampoco pueden aspirar a nuevas inversiones porque la Diputación y la Generalitat no subvencionan ninguna infraestructura al 100%. Llaurí perderá en próximas fechas buena parte de su pequeño patrimonio para hacer frente a los 2,1 millones de euros con los que debe indemnizar, por sentencia judicial, a la empresa de Alcoy Transforma, SA. A subasta serán sometidos los 22.000 metros cuadrados que dispone en el proyectado polígono industrial, una vivienda donde reside la maestra, dos fincas rústicas y dos parcelas en suelo urbano cuyo valor de salida tan sólo alcanza los 1,9 millones de euros. La alcaldesa estima que "como la subasta no alcanzará para pagar la totalidad de la deuda, las cuentas continuarán embargadas" y los problemas de Llaurí proseguirán.
El origen de esta situación se remonta a unos tres lustros atrás, cuando este pequeño municipio equidistante de Alzira y Sueca estaba presidido por Vicent Climent (PSPV), a quien sus vecinos conocen por El Sheriff. Climent expropió unos terrenos propiedad de Transforma, SA, para junto a los de titularidad municipal conformar un polígono industrial. El titular de la empresa recurrió a los tribunales y al valor de las parcelas añadió el lucro cesante -beneficios perdidos- para que ascendiera la indemnización hasta los 2,1 millones de euros. Valoración calificada de "injusta" por la alcaldesa, ya que el empresario de Alcoy se dedicaba a la compra-venta de solares.
La Audiencia condenó a Climent a un año de prisión por falsear un documento público y exigió la responsabilidad civil del Consistorio. Al no poder hacer frente a la indemnización, los magistrados embargaron el año pasado tanto las cuentas como los bienes municipales de Llaurí. Ana González criticó ayer a los alcaldes precedentes "por no recurrir diversas resoluciones judiciales, ni presentar alternativas", ya que a su juicio estaban "más pendientes de que Climent acabara en la cárcel que de defender los intereses de este pueblo".
Los componentes de la actual corporación (PSOE, UV, PSI, PP y Bloc) recurren a todo tipo de iniciativas a la hora de recabar subvenciones ante la falta de respuesta por parte de la Delegación de Gobierno, de la Generalitat y de la Diputación. Ahora esperan recibir los correos electrónicos de todos los ayuntamientos españoles para solicitarles ayudas económicas a través de Internet. Mientras tanto, los vecinos no lo acaban de entender, ya que siguen pagando los impuestos municipales. Esta semana, algunos de ellos reclaman a la alcaldesa, que no a la Audiencia, el arreglo de los baches de algunas calles que se han visto agravados por las últimas lluvias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2003