El Gobierno vasco sostiene en sus alegaciones al recurso del sindicato Manos Limpias, en el que este colectivo pedía la suspensión cautelar del plan Ibarretxe, que el acuerdo del Consejo de Gobierno del 25 de octubre no puede ser suspendido porque "no genera efecto jurídico alguno". [El acuerdo] ya ha sido ejecutado", señaló ayer el portavoz del Gabinete, Josu Jon Imaz.El Ejecutivo añade, además, que el colectivo recurrente no está legitimado para solicitar la suspensión.
La Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior vasco resolverá la próxima semana la petición de suspensión del acuerdo por el que el Gobierno acordó remitir al Parlamento la propuesta de nuevo Estatuto Político vasco. El Ejecutivo invoca en sus alegaciones sentencias de los tribunales Constitucional, Supremo y de Estrasburgo y dice que el recurrente tiene la "obligación de probar qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión". Y argumenta que la suspensión, aunque sea cautelar, impediría al Ejecutivo ejercer su capacidad legislativa.
Por su parte, la juez instructora de la causa abierta por un supuesto delito de desobediencia contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa y dos miembros más de la Mesa, ha solicitado en una providencia al juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Baltasar Garzón el informe pedido en su momento al fiscal general del Estado para que informara sobre la posibilidad de suspender los grupos parlamentarios de Batasuna. Los imputados usaron las conclusiones de ese informe, de noviembre de 2002, para resaltar en sus declaraciones la diferencia que existe entre partido y grupo parlamentario y la imposibilidad de disolver Sozialista Abertzaleak. La juez Nekane Bolado pide a Garzón que "certifique a instancia de quien se incorporó" el informe y en qué fase del proceso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2003