El Departamento de Asuntos Sociales ha ampliado de 3,6 a 18 millones de euros el presupuesto destinado a compensar a aquellas personas que puedan acreditar que fueron víctimas de la Guerra Civil, según confirmaron ayer fuentes de la consejería.
La nueva partida fue aprobada el martes por el Consejo de Gobierno, aunque no figuró en la referencia oficial. La decisión llega precedida por las críticas de la asociación de víctimas de la Guerra Civil Geureak 1936 y del PSE, que venían poniendo de relieve precisamente la insuficiencia de los fondos.
La asociación critica también al consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, por lo que considera dificultades para acceder a las ayudas, ya que, según argumenta, no todas las víctimas pueden demostrar con la documentación exigida que sufrieron la represión franquista.
El Ejecutivo aprobó el decreto que regula las ayudas en noviembre de 2002. Cifradas entre 7.200 y 9.600 euros por represaliado, están dirigidas a personas de 65 años o más que estuvieron privadas de libertad al menos seis meses. Hasta el momento, ninguno de los 8.500 ciudadanos que pidieron las indemnizaciones han recibido dinero alguno. "Se está trabajando sobre las solicitudes", indicó un portavoz de Asuntos Sociales, que declinó precisar cuántas demandas han sido rechazadas. "La voluntad del Gobierno es garantizar que todos los afectados puedan cobrar, pero tendrán que acreditar que estuvieron en prisión", subrayó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2003