Las acusaciones de inconstitucionalidad lanzadas ayer por Eduardo Zaplana contra el programa de gobierno de la izquierda catalana fueron rechazadas por los tres partidos que lo han suscrito (PSC, ERC e ICV). El primer secretario del PSC, José Montilla, acusó a su vez a Zaplana de "mentir" y le exigió que dimita y pida disculpas a la sociedad española y catalana por haber tratado de engañarlas.
Montilla consideró "indecente" que el Gobierno trate de abrir una confrontación con el futuro Ejecutivo catalán. "Es lamentable que la única aportación del Gobierno sean el insulto, la mentira y la descalificación", precisó.
Además de indicar que las palabras del portavoz eran "inconsistentes e iletradas", Montilla destacó que la consulta popular de la que se habla en el pacto no está definida y que los socialistas se mantendrán siempre dentro de la legalidad. [El texto del pacto indica que, en caso de bloqueo del Estatuto, "la ciudadanía catalana será llamada a pronunciarse mediante el procedimiento de consulta general que se estime más adecuado (...) sobre su adhesión al texto estatutario aprobado por el Parlament].
Los portavoces de los otros dos partidos firmantes del pacto también reaccionaron con dureza. Joan Ridao, de ERC, indicó que los comentarios de Zaplana ponen de manifiesto una "alarmante" falta de cultura democrática. "Para el PP todo es ilegal, todo es inconstitucional y su filosofía se puede resumir en una frase: 'Todos a la cárcel". Ridao interpretó las palabras de Zaplana como una muestra de que no ha digerido que tras las elecciones autonómicas el PP pase a tener un papel residual en Cataluña.
Joan Herrera, portavoz de ICV, manifestó que las palabras de Zaplana indican que "el PP es uno de los principales problemas del país, porque sólo sabe imponer y no dialoga".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de diciembre de 2003