La Declaración y el Plan de Acción de la cumbre de Ginebra para la Sociedad de la Información, aprobados el pasado fin de semana por la inmensa mayoría de los Gobiernos del mundo, tendrán que combatir dos incredulidades. Una, que los gobiernos autoritarios que los han firmado cumplan el compromiso de fundamentar la construcción de la sociedad digital en la defensa de los derechos humanos; otra, que se ponga realmente en marcha un plan de acción que contempla, entre otros objetivos para 2015, dar como mínimo un punto de conexión a las aldeas y que la mitad de la población mundial tenga acceso a las tecnologías de la información. Ello exige encontrar fórmulas de financiación que lo hagan viable.
El interés de los gobiernos por la Red presenta algunas facetas dudosas. Bajo un pertinente debate sobre la gestión técnica de Internet se advierte el deseo por recuperar soberanía política sobre la Red, un territorio que se les escapa. Es lógico que los gobiernos intervengan, pero, dado el carácter autoritario de muchos de ellos, sus intenciones despiertan fundadas alarmas. La cumbre, pese a todo, ha tenido impactos positivos: azuzar la reflexión mundial sobre el drama de la brecha digital y ofrecer un texto que, con todas sus timideces, va más allá de lo que los sectores más retrógados hubieran deseado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de diciembre de 2003