Fue en el debate sobre el Estado de la Comunidad del año 2001 la primera vez que Manuel Chaves habló de reforma del Estatuto, pero al anunciar su propuesta en este momento preelectoral, pueden ser muchos, o algunos, los que piensen que el presidente de la Junta apunta asunto tan importante, precisamente como reclamo electoral. No tiene por qué considerase negativa esa intención sino, muy al contrario, un síntoma del deseo de provocar en una nueva cita electoral, la posibilidad de un debate mucho más rico e interesante que lo hubiera sido sin esa propuesta. El presidente Chaves no se sube a la ola de reformas que se proponen desde otras comunidades, fundamentalmente desde Cataluña, puesto que el Plan Ibarretxe es otra cosa. Desde su convencimiento, ya había anunciado en la reunión de Santillana de la que salió el Documento sobre el Estado de las Autonomías del PSOE, por donde iría la reforma del Estatuto andaluz que propondría en consonancia, precisamente, con el espíritu de ese documento de Santillana, en cuya elaboración final influyó de manera notable. De lo que propone la reforma planteada, uno de los puntos que más reacciones ha provocado ha sido el de la creación de una agencia tributaria propia. Ya se han levando voces, desde el PP fundamentalmente, acusando a Chaves de desvaríos y otras precisiones políticas y de proponer la necesidad de recaudar y gestionar impuestos propios para "justificar", dicen, su apoyo a las propuestas de Maragall. Y sin embargo valdría la pena que desde todos los partidos, por supuesto y en primer lugar desde el PP andaluz, hubiera una voluntad rigurosa y seria de aceptar el debate que propone el Presidente quien, por otra parte y en todo caso, advierte, anuncia y promete su absoluta intención de buscar y trabajar por que sea el consenso el que lleve al final de un proceso que ahora comienza y que, en estos tiempos de intento de evitar cualquier debate, es un estímulo y una propuesta para la participación de toda la sociedad andaluza en este nuevo e interesante reto. Y, por cierto, una manera efectiva de defender los intereses de los andaluces frente al peligro, real o no, de intentar consolidar estatus superiores de otras comunidades. Andalucía en este debate tiene que tener voz y propuestas para no perder.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de diciembre de 2003