El Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de Firma Electrónica, que adaptará a la normativa nacional la directiva comunitaria y sienta las bases para el DNI digital, que se pondrá en marcha en 2004.
Las modificaciones introducidas en la Cámara Alta contaron con el apoyo del PP y Coalición Canaria, y sirvieron para que PSOE, Izquierda Unida y Convergència i Unió (única formación que rechazó todos los cambios) lanzaran duras críticas al PP, por lo que consideran una falta de respeto al funcionamiento del Parlamento.
La principal crítica socialista es que la Ley no garantiza el no repudio a toda firma reconocida. "Los ciudadanos se pueden encontrar con que una administración pública le niegue la validez de un certificado reconocido que ya ha pagado", al haber sólo dos certificados genéricos: el DNI electrónico y el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El PSOE también criticó que no respete la libre competencia en la prestación de servicios de certificación ni fomente el desarrollo de estándares europeos y, en cambio, sí crea un proceso ineficaz de la solicitud de firma.
IU critica que se modifique la LSSI a través de una enmienda de esta ley, y no mediante una propuesta que se debata en el Congreso.
Por otro lado, la Comisión de Libertades e Informática considera que la ley tiene "graves defectos técnicos". Las recomendaciones técnicas que elaboró esta comisión en julio para "evitar problemas tanto a consumidores como usuarios no han sido incorporadas al texto".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de diciembre de 2003