La sección de extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia acordó el miércoles coordinar un estudio para recurrir al Tribunal Constitucional la reforma de la ley de extranjería que entrará en vigor el 21 de diciembre. En una asamblea a la que acudieron más de un centenar de colegiados se decidió que la subcomisión de extranjería de la Comisión General de la Abogacía sea quien coordine el estudio previo a la "petición a las instituciones oportunas" la interposición del recurso.
Además, los letrados decidieron realizar un envío de cartas a organizaciones empresariales y cámaras de comercio sobre "la especial incidencia de la reforma en los derechos de los empresarios", además de una "presentación colectiva de quejas el 22 de diciembre en la Delegación del Gobierno" y remitir envíos a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y la Consejería de trabajo de las "nefastas incidencias de la reforma". Otras de las medidas previstas consisten en solicitar a la delegación del Gobierno "garantías sobre la no adopción de medidas represivas aprovechando la exigencia de personación del extranjero".
Por otra parte, UGT afirmó ayer que la aplicación de la nueva ley de extranjería y el contingente de 2004, dejarán sin posibilidad de regularización a más de 45.000 inmigrantes que actualmente viven en la Comunidad Valenciana. "El espíritu restrictivo y sancionador" de esta norma dejará a los inmigrantes "sin derechos y aumentará más su exclusión social al fomentar una sociedad dual: los extranjeros comunitarios con todos los derechos y los extracomunitarios sin ninguno".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de diciembre de 2003