Con una muy poco habitual unanimidad de todas las fuerzas políticas, el Parlamento de Galicia emprendió ayer la tramitación de una propuesta de ley sobre uniones de hecho en la que se admite el registro público de todas ellas, incluidas las de homosexuales.
Los consensos son tan extraños en el Parlamento gallego que esta misma semana concluyó el debate de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2004 sin que el PP aceptase ni una sola del más de millar de enmiendas presentadas por los dos grupos de la oposición, PSdeG-PSOE y Bloque Nacionalista Galego (BNG). Por eso mismo resultó ayer tan llamativa la unanimidad de la Cámara para iniciar los trámites de la futura ley de uniones de hecho, cuyo texto ha sido avalado por las tres fuerzas políticas con representación en la Cámara.
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Si durante el proceso de tramitación no se introducen modificaciones sustanciales, la ley establece que el Gobierno autonómico, presidido por Manuel Fraga, creará un registro de parejas al que podrán acogerse "dos personas, de igual o diferente sexo, que convivan de forma libre, pública y notoria, en una relación de afectividad análoga a la conyugal".
La futura norma equipara los derechos económicos de este tipo de uniones con los de los matrimonios. De ese modo, en caso de que se extinga la relación, uno de sus miembros (el que quede en peor situación) podrá reclamar al otro una pensión. También se admiten los mismos derechos que los matrimonios para los procesos hereditarios, para el cobro de ayudas públicas y para los beneficios de los que disfruta el personal al servicio de la Administración autonómica. La futura ley no hace referencia a las adopciones, sobre las que no tiene competencia la comunidad autónoma.
El PSdeG-PSOE anunció que, pese al consenso, durante la tramitación tratará de introducir alguna referencia a la adopción de niños por parejas homosexuales. La diputada socialista Laura Seara calificó el proyecto como un "texto de mínimos" que supone una "apertura a nuevas realidades de la sociedad", pero lamentó que no se equiparen todos los derechos sociales, además de los económicos. Seara recordó el caso de cuatro de los fallecidos en el accidente de un avión militar en Turquía, cuyas compañeras no podrán percibir la pensión de viudedad al no estar regularizada su situación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de diciembre de 2003