El juez Juan Guzmán pidió ayer a la Corte de Apelaciones de Santiago desaforar a Augusto Pinochet de su condición de ex presidente de Chile para investigar su participación en los crímenes de la Operación Cóndor, el plan represivo que aplicaron conjuntamente en los años setenta las dictaduras suramericanas. Guzmán acogió una petición de los abogados querellantes contra el general, dos días después de procesar a la cúpula de la DINA, la policía secreta de Pinochet, por el secuestro de nueve personas.
Dando pruebas de tenacidad y de su convencimiento de la participación de Pinochet en los atropellos a los derechos humanos durante su régimen, Guzmán intenta nuevamente sentar en el banquillo al ex dictador, después de que hace casi tres años lo procesara por los 75 crímenes de la caravana de la muerte. Según uno de los abogados querellantes, Eduardo Contreras, en el expediente de la Operación Cóndor está "plenamente acreditada la participación de Pinochet: es el cerebro de esta internacional del crimen, como jefe de la dictadura militar chilena".
La Operación Cóndor fue concebida y organizada por el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el entonces coronel Manuel Contreras -hoy general retirado-, quien estableció desde 1974 acuerdos y después una coordinación entre los servicios de espionaje de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para el intercambio de información y la represión de izquierdistas en estos países. Entre las actividades conjuntas, los servicios de espionaje realizaron operaciones en el territorio de los otros socios de la red y recibían apoyo e información para detener, torturar y asesinar a opositores, trasladándolos entre los países.
Contreras, que rendía cuentas todos los días a Pinochet de los pormenores de la represión, y dos de los mandos superiores de la DINA, el brigadier Pedro Espinoza y el coronel Cristopher Willike, fueron procesados por Guzmán como autores del secuestro y la desaparición de nueve militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Por uno de estos casos, el del dirigente del MIR Edgardo Enríquez, detenido en Buenos Aires en 1976, trasladado a Chile por la DINA, y desde entonces desaparecido, el juez Baltasar Garzón emitió en octubre de 1998 la orden internacional de detención de Pinochet, que permitió su arresto en Londres. El mismo caso volvió ahora a amenazar al ex dictador.
Después de que se sobreyera el caso de la caravana de la muerte contra Pinochet por demencia senil, Guzmán y otros jueces han solicitado infructuosamente el desafuero por su responsabilidad en otros crímenes. Pero en esta ocasión, el magistrado cuenta con un elemento nuevo a su favor. En una entrevista que el ex dictador concedió en noviembre a un canal de televisión en Miami, mostró lucidez, capacidad de recordar hechos del pasado y de razonamiento, declarando ser inocente de los cargos en su contra, culpando a sus subordinados, y hasta llegó a autocalificarse de "ángel". Antes de pedir el desafuero, Guzmán obtuvo y estudió el vídeo de la entrevista.
El abogado defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez, calificó como un "circo" la solicitud de desafuero e insistió en que su cliente no está en condiciones de comparecer ante un tribunal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de diciembre de 2003