La Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, conocida también como Ley de Grandes Ciudades, entró ayer en vigor, con el objetivo de incrementar las capacidades de gestión de los ayuntamientos y con el establecimiento de un régimen específico para las ciudades de mayor población.
Esta ley fue aprobada el pasado 26 de noviembre por el Pleno del Congreso con los votos a favor de PP, PSOE, y Coalición Canaria, la abstención de IU y el rechazo de CiU, porque creía que la norma vulneraba competencias autonómicas y porque exigía un mayor compromiso para convertir en ley la Carta Municipal de Barcelona.
El objetivo general de esta ley, que el Boletín Oficial del Estado publicó el 17 de diciembre, es potenciar la modernización del conjunto de la administración local, en su cercanía a los ciudadanos y en una gestión más eficaz, que terminará dando como resultado mejores servicios públicos.
La ley potencia también los mecanismos de participación ciudadana, establece medidas para el control y fiscalización de la gestión realizada por los gobiernos locales e introduce mejoras en la potestad sancionadora de las administraciones locales.
Además, mediante esta norma se clarifica el régimen jurídico de las mancomunidades, se distinguen con claridad las facultades de los plenos como órganos de debate político y se fortalece la capacidad de los gobiernos locales para lograr una gestión más ágil.
La ley establece un régimen específico para las grandes ciudades, las más perjudicadas por el uniformismo que ha caracterizado tradicionalmente al régimen local español, según se reconoce en la exposición de motivos de esta norma legal.
De ese régimen específico se beneficiarán los municipios con población superior a los 250.000 habitantes y las capitales de provincia con más de 175.000 habitantes.
También pueden acogerse a esta ley las capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas y los municipios que superen los 75.000 habitantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de enero de 2004