Con preocupante cadencia se suceden en España las interrupciones prolongadas de suministro eléctrico en momentos y zonas cruciales para el normal desarrollo de la actividad económica. Hace dos años, en diciembre de 2001, un apagón dejó sin suministro eléctrico a una gran parte de Cataluña en uno de los días más fríos del año. El Gobierno de Jordi Pujol expedientó a la eléctrica y posteriormente le impuso una multa de seis millones de euros. Recientemente, el Gobierno de la Generalitat abrió hasta tres expedientes a Fecsa-Endesa relacionados con los cortes de fluido que salpicaron el pasado mes de octubre. El pasado verano se produjo otro gran apagón en Mallorca en un momento de máxima ocupación turística de la isla. Y ahora ha sido en el Valle de Arán -precisamente una zona productora de energía eléctrica-, en el momento álgido de la temporada de esquí, donde se ha producido una grave interrupción de fluido eléctrico que dejó sin energía a 25.000 personas en un momento de temperaturas muy bajas, produjo cuantiosas pérdidas en el sector de la hostelería y propinó un golpe a la imagen de excelencia turística de la que goza la comarca.
Unos sesenta ayuntamientos catalanes y decenas de entidades se unieron hace ahora un año para reclamar a Fecsa-Endesa que pusiera remedio a lo que es la causa fundamental de los apagones, el deficiente volumen de inversiones en distribución y transporte de energía. La eléctrica acabó firmando un convenio con la Generalitat que contempla invertir 3.000 millones de euros en la mejora de la red hasta 2010, de los que la empresa asegura haber gastado ya 900. De momento, el nuevo Gobierno catalán ha abierto un expediente informativo a la compañía eléctrica y ha manifestado su intención de evaluar a fondo el plan de inversiones para comprobar su adecuación a las necesidades de suministro.
Para este Gobierno, formado por tres partidos que durante años han denunciado la tibieza del anterior Ejecutivo de CiU respecto a Fecsa-Endesa, ésta será la primera oportunidad para marcar el nivel de excelencia que exigirá no sólo a los suministradores de energía eléctrica, sino también al resto de las grandes empresas que controlan -a menudo también en términos monopolísticos- los servicios públicos y las infraestructuras que definen una sociedad moderna y fundamentan la competitividad de su economía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de enero de 2004