El control de la obra social es, precisamente, el último punto de rechazo que generó Francesc Homs, el último consejero de Economía del Gobierno catalán de CiU, entre las cajas catalanas, y especialmente La Caixa, por el refuerzo de la capacidad de control del Ejecutivo autónomo sobre los recursos destinados a obra social.
El nuevo decreto catalán de cajas crea una comisión mixta de 11 miembros entre la Federación Catalana de Cajas y el Gobierno de la Generalitat para que aborden juntos la obra social, y en ella el consejero de Economía y Finanzas cuenta con un voto de calidad para un posible desempate.
Está por ver qué hará el nuevo Gobierno al respecto. En todo caso, las primeras aproximaciones de algunos destacados miembros del Ejecutivo de Pasqual Maragall y en especial el consejero de Economía, Antoni Castells, se han mostrado partidarios de mantener el actual modelo y de establecer, para que la la obra social se aplique a sus fines sociales y culturales, "los mecanismos de supervisión pública, incluido el Parlament".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de enero de 2004